Retomando la movilización iniciada hace un año, los estudiantes universitarios volvieron a las calles. Esta vez el detonador ha sido la imposición arbitraria de un estatuto estudiantil en la Universidad Nacional. La suspensión de las clases ha obligado a las directivas uribistas de la UN a reabrir la discusión y aceptar como interlocutor legítimo al movimiento de protesta.
Golpe a golpe
Desde su primer período Álvaro Uribe decidió demoler hasta los cimientos la universidad pública. Así como en primaria y secundaria ha hacinado los estudiantes a costa de la calidad del servicio y la sobreexplotación de los docentes, o el Sena ha sido reducido a dictar cursillos superficiales, quiere obligar a las universidades estatales a rebajar la calidad de la formación profesional, empujándolas a la autofinanciación. Uno de los focos de resistencia a su política ha sido la Universidad Nacional; para tratar de vencerlo ha copado la administración y aplicado todo un paquete de contrarreformas.
A pesar del rechazo mayoritario de la comunidad universitaria, hace cinco años fue impuesto el rector Marco Palacios, quien sentenció: “estamos enseñando demasiado”. Con ello reconocía la calidad de la formación profesional en la UN y la necesidad de degradarla para cumplir los objetivos del gobierno. La Ministra de Educación, Cecilia María Vélez, fue más burda y le ordenó a Palacios “hacer más con lo mismo, o con menos”, indicando que el interés del gobierno era ampliar la cobertura, recortando el presupuesto. La resistencia de la comunidad, obligó a renunciar a Palacios dos años después, siendo sucedido por Ramón Fayad y más tarde por Moisés Wasserman. Estos rectores treparon al poder sobre la base de la alteración de los reglamentos impuesta por Palacios. Así como Uribe compró su reelección a oscuros parlamentarios, en la UN se ha ido consolidando un sistema clientelista para mantener el control en manos del gobierno. Los remedos de consulta a los universitarios, a través de los claustros y colegiaturas, son cada vez menos participativos, pues las propuestas mayoritarias son desechadas sin ningún argumento. Así, golpe a golpe, el autoritarismo se ha impuesto en la UN.
Contrarreformas, clientelismo y corrupción
La reforma al Estatuto General, que debilitó la autonomía de las facultades y las sedes centralizando el poder en manos de la rectoría y el Consejo Superior, sirvió de base para la actual Reforma Académica que recorta el pregrado e impone el sistema de créditos que homogeniza la formación universitaria. Esto ha ido acompañado de la proliferación de posgrados, cuyo costo está fuera del alcance de los estudiantes de menores ingresos, con el objetivo de que la universidad obtenga recursos propios. Simultáneamente, y con el mismo argumento, los decanos se ven obligados a comportarse como “gerentes”, promoviendo contratos de investigación, servicios o extensión en beneficio de intereses privados. De esta manera la infraestructura de la universidad, y la propia planta docente y administrativa abandonan su función esencial al servicio de la docencia y el desarrollo del conocimiento para adoptar fines mercantiles. Una parte creciente del tiempo de trabajo de los profesores de planta y ocasionales, los empleados y los propios estudiantes, hoy se destina a estas labores de autofinanciación, a costa de la calidad de la formación en el pregrado.
Otro ejemplo del deterioro de la universidad son los negocios en los que está involucrado el actual Vicerrector de la sede Bogotá, Fernando Montenegro, señalado por los medios de comunicación como un ávido contratista de obras civiles para el Estado. No parece casualidad que parte significativa de los recursos de inversión de la universidad hoy se destine a la construcción de edificios o al llamado Plan de Regularización y Manejo del campus de Bogotá. Alrededor de estos negocios y este tipo de personajes se agrupa un sector motivado por intereses privados, fuente segura de corrupción y malos manejos, que amenaza la imagen de la universidad frente a la opinión pública y debilita su defensa.
Vigilar y castigar
Para imponer estos planes es necesario controlar a los universitarios. Es por eso que se reforman el Estatuto Académico, el Estatuto Estudiantil y la Carrera Administrativa que reglamentan las actividades de los docentes, estudiantes y trabajadores. En el caso de los profesores y empleados el objetivo de las contrarreformas busca eliminar la estabilidad laboral, incrementar la carga de trabajo y subordinarlos a los designios de una administración con mentalidad mercantil.
En el caso de los estudiantes el Estatuto impone mecanismos académicos como la bolsa de créditos o el promedio de calificaciones que limitan sus posibilidades de formación integral y su permanencia en la universidad. Los más afectados serán los estudiantes de menores ingresos que ya enfrentan graves dificultades debido a su situación socioeconómica. Tradicionalmente el examen de admisión elimina a un noventa por ciento de los jóvenes que logran pagar su costo, impidiendo su acceso a la UN. A esto se va agregar ahora un régimen académico restrictivo que les impedirá ocuparse de los graves problemas que afectan a nuestra sociedad y frente a los cuales deben formarse en un pensamiento crítico y científico. Para asegurar aún más la camisa de fuerza sobre la rebeldía estudiantil se prepara un régimen disciplinario, calcado de la “seguridad democrática” de Uribe, para perseguir a quienes se organicen gremial o políticamente y disientan de las políticas gubernamentales. Coincide esto, en la sede Bogotá, con el plan de seguridad para el campus, cuyos recursos técnicos se basarán en costosas cámaras de vigilancia y centros de monitoreo para vigilar la actividad de la comunidad, todo en el marco de la “guerra al terrorismo”. La otra cara de esta política se ha hecho sentir en los claustros universitarios con las amenazas contra la vida de los dirigentes estudiantiles, profesorales y de los trabajadores.
Continuar la lucha
La resistencia ha sido un palo en la rueda de las contrarreformas, pero estas siguen avanzando de manera inexorable. El futuro de la universidad pública colombiana depende de la capacidad de organización democrática de la protesta, la unidad triestamentaria —que debe incluir ahora a los pensionados pues sus ingresos están en situación de riesgo—, y el apoyo del resto del sector educativo que enfrenta la misma política de Uribe. La resistencia deberá enfrentar ahora la desfinanciación que impone el Plan Nacional de Desarrollo contra el que se enfrentó el año pasado. Hoy, más que nunca, es necesario retomar el camino de la movilización nacional de masas, reiniciada con la marcha del Eje Cafetero y el paro en la Universidad Nacional. Para acordar un plan de acción unificado urge la realización de un Congreso Universitario Nacional.
Juan Sanchez Ramirez, profesor Universidad Nacional,
candidato a la subdirectiva de la CUT Bogotá Cundinamarca
Tomado de "El Socialista"
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