Nuestra Revolucion no es armada, es democrática, no es guerrillera, es Estudiantil...
lunes, 13 de diciembre de 2010
jueves, 9 de diciembre de 2010
La educación es un derecho no una mercancía
Uno de los temas que eluden los candidatos es el problema de la educación. Se oculta que en Colombia la mayor parte del aparato educativo es privado, costoso y la formación es de pésima calidad. Aunque sea una obsesión de los padres de familia pagar el estudio de sus hijos, con la ilusión de que eso les garantice un mejor futuro, sólo una educación gratuita, plena y adecuadamente financiada por el Estado, de libre acceso a todos los niveles, y bajo el control de los trabajadores, será un factor de superación del atraso económico, de realización personal y democratización de la ciencia, el deporte y la cultura al servicio del bienestar social.
Los trabajadores y los pobres exigen educación
El paro de educadores, estudiantes universitarios y secundarios en Colombia durante el mes de mayo, la protesta de estudiantes de secundaria en Chile contra la ley general de educación y por el no pago del formulario para entrar a la Universidad, las luchas estudiantiles en Francia en defensa de la educación pública contra el Contrato de Primer Empleo, el levantamiento insurreccional de maestros en la provincia de Oxaca en México, o las protestas de los docentes en Argentina, tienen en común la lucha por impedir que la educación se consolide como un negocio luscrativo para las trasnacionales. Las actuales políticas educativas impulsadas por el Banco Mundial (BM) y la Unesco desregulan el servicio público de la educación para no estorbar al juego del libre mercado. En éste, hay que reducir el aparato estatal y la burocracia, “sanear las finanzas públicas”, privatizando toda actividad que pueda desarrollarse como negocio privado, pero al mismo tiempo propugna por una fuerte centralización que le permite al estado y los monopolios de la educación nombrarse educadores del pueblo. Es un modelo que no sustrae a la educación de toda influencia del gobierno y la iglesia.
Eliminar las conquistas, un trabajo difícil para el imperialismo
Eliminar de tajo dos siglos de desarrollo y formación del sistema educativo contemporáneo no ha sido fácil para el neoliberalismo. Desmontar dos siglos de educación pública, infraestructura a cargo del Estado, de conquistas económicas y políticas de los maestros, de derechos educativos adquiridos a través de la lucha de clases, tiene sus costos económicos, sociales y políticos. Aun así, las políticas educativas del imperialismo han colocado a la educación pública, en todos los países (en los niveles de básica, media y superior) en serios aprietos. El BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), emplean estrategias como privatizar parcialmente presentándolas como mejoras en la calidad del servicio. Se imponen formas de evaluación que ponen a competir a las instituciones públicas con las privadas, el financiamiento con bonos o bouchers escolares, promoviendo la autonomía y la racionalización de la planta y una mayor productividad del docente implementando la lógica de la empresa privada. Se contratan con ésta diversos tipos de servicios como comedores, vigilancia, contabilidad, pruebas, evaluaciones por competencias, etc. y finalmente, promoviendo despidos y diversos regímenes de contratación entre los docentes. Toda esta política de desmonte de la educación pública se esta implementando en Colombia desde el año 1989.
El desmonte de la educaciónpública en Colombia
En donde más ha avanzado el plan es en el desmonte de las conquistas de los docentes, en el debilitamiento de las organizaciones sindicales y en la penalización de la protesta. El desmonte durante más de diez años del estatuto docente (Decreto 2277), lento pero constante, se concretó con la ley 715, el nuevo estatuto docente (Ley 1278) y el nuevo escalafón docente (ley 1313). Hoy existen diferentes regímenes laborales, los docentes bajo el escuálido 2277, los docentes bajo el 1278, los provisionales, los maestros por contrato a 10 meses que laboran en los colegios en concesión o los maestros que se contratan a través de bolsas de empleo. La racionalización de la planta ha significado el hacinamiento en muchos colegios y una mayor sobreexplotación del docente. Esta política es la que vienen impulsando el gobierno de Uribe y el alcalde de Bogotá, Lucho Garzón. Su secretario de educación Abel Rodríguez, en el Plan Sectorial de educación "Bogotá: una Gran Escuela", destaca que “el mayor uso de la capacidad instalada y el aumento de la carga laboral de los docentes, logrados mediante la racionalización del servicio, se constituyeron en los mayores generadores de nuevos cupos escolares”.
Se han privatizado todos los servicios complementarios: seguridad, limpieza, servicio a jóvenes en situación de riesgo, transporte escolar, comedores comunitarios y la evaluación por competencias. El modelo ideal para el funcionamiento de las instituciones educativas es el que proporciona la empresa capitalista y por tanto el énfasis ya no está en los procesos educativos sino en el control del tiempo de los docentes, en el aumento de los alumnos por aula y en la introducción de mecanismos de gestión tipo empresarial. Por tanto las instituciones en sus distintos niveles deben ahora organizarse como empresas prestadoras de servicios educativos “los factores del proceso educativo como insumos y la eficiencia y productividad como criterios principales de decisión”.
Es contra este proceso de desmonte de la educación pública que debemos movilizar a toda la comunidad educativa presentándoles un programa revolucionario.
Por educación gratuita y de calidad
Contra el proyecto privatizador neoliberal los maestros socialistas impulsamos un programa opuesto por el vértice al del PDA, que se limita a aplicarlo, atenuándolo con algunas políticas asistencialistas. Por ello proponemos las siguientes medidas:
1- La educación pública está hoy amenazada por las políticas neoliberales de privatización y descentralización del sistema educativo. Exige de nuestra parte y de los trabajadores, en especial de los maestros, que nos coloquemos a la cabeza de las comunidades educativas y luchemos por la defensa de la educación pública, laica, científica, financiada por el estado, sin intermediarios, gratuita y obligatoria en todos los niveles. No al sistema de “bouchers” que convierte la educación en una mercancía y fomenta la privatización.
Los tratados de libre comercio, la privatización de la educación y el desmonte de la educación pública se dan en el marco de convertir la educación en una industria capitalista de explotación intensiva. En Colombia, hacia allá apuntan la Ley General de Educación, el Acto Legislativo 01 de 2001 y la Ley 715 con sus decretos reglamentarios.
2- Ruptura de todos los pactos y acuerdos con organismos culturales, educativos y financieros internacionales que imponen el modelo neoliberal de la educación por competencias al servicio de la explotación capitalista. Ruptura inmediata con la Unesco, el BM y el BID. No al control y administración del conocimiento y la información por el BM. Ruptura con las políticas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que está imponiendo a todos los países pobres derechos ejecutables para comerciar con los servicios, en particular con la educación.
3-Por escuelas técnicas y tecnológicas, combinadas con las escuelas públicas. No al cierre de colegios de básica y media para crear instituciones de educación media técnica. Dotación de todas las instituciones educativas del estado de acuerdo a los adelantos de la ciencia y la tecnología. No a la calidad centrada en los resultados y la eficiencia. No a la racionalización de la planta. No más hacinamiento. Aulas suficientes y especializadas. Evaluaciones de la educación para determinar necesidades de capacitación y profesionalización de los docentes y no como mecanismos de sanción y de exclusión, sólo así se podrá evaluar la idoneidad y el desempeño de los docentes.
4- Por un solo régimen laboral docente, echemos abajo el nuevo Estatuto de Profesionalización Docente (1278). Defensa y extensión de los derechos laborales y prestacionales para todos los maestros. Nombramiento inmediato para todos los docentes provisionales. Servicios médicos prestados directamente por el estado. Por un aumento salarial del 50% para todos los trabajadores de la educación.
5- No al cobro generalizado a los estudiantes de las universidades públicas, echemos abajo el articulo 38 del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. No a la implementación del modelo por competencias. Lo que se busca con esto es fusionar facultades para eliminar cargos y sobreexplotar a los docentes y a los trabajadores de la educación, debilitar a la universidades públicas para luego venderlas, cerrarlas o entregarlas en concesión como ya se está haciendo con la educación básica y media.
6- Por plenas libertades políticas y sindicales para todos los docentes y trabajadores de la educación. No más asesinatos de docentes y luchadores del pueblo. Castigo a los culpables de los asesinatos de dirigentes obreros populares, docentes y estudiantes. Por el derecho de los trabajadores a organizarse y a defender sus organizaciones.
7- Por organizaciones sindicales para la lucha, no para la concertación. Cada día son más los docentes que no están organizados por la negativa de FECODE y sus sindicatos regionales a organizarlos y luchar. A los maestros provisionales, nuevos (bajo el 1278), por contrato en colegios en concesión o en convenio, al no estar organizados y no negociar colectivamente, el gobierno les impone prestaciones sociales y salarios de hambre. Este sector de docentes es el que hoy esta luchando y en relación con ellos es necesario tener una política permanente en pro de su organización, defensa de sus derechos y politización.
Los sindicatos no son fines en sí, sino instrumentos al servicio de la lucha: por esto debemos impulsar la unidad de todos los trabajadores de la educación y trabajadores en general en una sola central sindical y en sindicatos únicos de industria, pero con una política para la movilización, no para la concertación.
8-Por un programa de transición. Nuestro programa no puede limitarse a los puntos anteriores, también defiende el futuro de los trabajadores, que no es otro que la lucha por la destrucción del sistema capitalista y la construcción de una nueva sociedad, el socialismo. Por un gobierno de los trabajadores, los sectores populares y los campesinos, para que implemente y consolide todas esta propuestas
Carlos Flores
Tomado de "El Socialista"
Los trabajadores y los pobres exigen educación
El paro de educadores, estudiantes universitarios y secundarios en Colombia durante el mes de mayo, la protesta de estudiantes de secundaria en Chile contra la ley general de educación y por el no pago del formulario para entrar a la Universidad, las luchas estudiantiles en Francia en defensa de la educación pública contra el Contrato de Primer Empleo, el levantamiento insurreccional de maestros en la provincia de Oxaca en México, o las protestas de los docentes en Argentina, tienen en común la lucha por impedir que la educación se consolide como un negocio luscrativo para las trasnacionales. Las actuales políticas educativas impulsadas por el Banco Mundial (BM) y la Unesco desregulan el servicio público de la educación para no estorbar al juego del libre mercado. En éste, hay que reducir el aparato estatal y la burocracia, “sanear las finanzas públicas”, privatizando toda actividad que pueda desarrollarse como negocio privado, pero al mismo tiempo propugna por una fuerte centralización que le permite al estado y los monopolios de la educación nombrarse educadores del pueblo. Es un modelo que no sustrae a la educación de toda influencia del gobierno y la iglesia.
Eliminar las conquistas, un trabajo difícil para el imperialismo
Eliminar de tajo dos siglos de desarrollo y formación del sistema educativo contemporáneo no ha sido fácil para el neoliberalismo. Desmontar dos siglos de educación pública, infraestructura a cargo del Estado, de conquistas económicas y políticas de los maestros, de derechos educativos adquiridos a través de la lucha de clases, tiene sus costos económicos, sociales y políticos. Aun así, las políticas educativas del imperialismo han colocado a la educación pública, en todos los países (en los niveles de básica, media y superior) en serios aprietos. El BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), emplean estrategias como privatizar parcialmente presentándolas como mejoras en la calidad del servicio. Se imponen formas de evaluación que ponen a competir a las instituciones públicas con las privadas, el financiamiento con bonos o bouchers escolares, promoviendo la autonomía y la racionalización de la planta y una mayor productividad del docente implementando la lógica de la empresa privada. Se contratan con ésta diversos tipos de servicios como comedores, vigilancia, contabilidad, pruebas, evaluaciones por competencias, etc. y finalmente, promoviendo despidos y diversos regímenes de contratación entre los docentes. Toda esta política de desmonte de la educación pública se esta implementando en Colombia desde el año 1989.
El desmonte de la educaciónpública en Colombia
En donde más ha avanzado el plan es en el desmonte de las conquistas de los docentes, en el debilitamiento de las organizaciones sindicales y en la penalización de la protesta. El desmonte durante más de diez años del estatuto docente (Decreto 2277), lento pero constante, se concretó con la ley 715, el nuevo estatuto docente (Ley 1278) y el nuevo escalafón docente (ley 1313). Hoy existen diferentes regímenes laborales, los docentes bajo el escuálido 2277, los docentes bajo el 1278, los provisionales, los maestros por contrato a 10 meses que laboran en los colegios en concesión o los maestros que se contratan a través de bolsas de empleo. La racionalización de la planta ha significado el hacinamiento en muchos colegios y una mayor sobreexplotación del docente. Esta política es la que vienen impulsando el gobierno de Uribe y el alcalde de Bogotá, Lucho Garzón. Su secretario de educación Abel Rodríguez, en el Plan Sectorial de educación "Bogotá: una Gran Escuela", destaca que “el mayor uso de la capacidad instalada y el aumento de la carga laboral de los docentes, logrados mediante la racionalización del servicio, se constituyeron en los mayores generadores de nuevos cupos escolares”.
Se han privatizado todos los servicios complementarios: seguridad, limpieza, servicio a jóvenes en situación de riesgo, transporte escolar, comedores comunitarios y la evaluación por competencias. El modelo ideal para el funcionamiento de las instituciones educativas es el que proporciona la empresa capitalista y por tanto el énfasis ya no está en los procesos educativos sino en el control del tiempo de los docentes, en el aumento de los alumnos por aula y en la introducción de mecanismos de gestión tipo empresarial. Por tanto las instituciones en sus distintos niveles deben ahora organizarse como empresas prestadoras de servicios educativos “los factores del proceso educativo como insumos y la eficiencia y productividad como criterios principales de decisión”.
Es contra este proceso de desmonte de la educación pública que debemos movilizar a toda la comunidad educativa presentándoles un programa revolucionario.
Por educación gratuita y de calidad
Contra el proyecto privatizador neoliberal los maestros socialistas impulsamos un programa opuesto por el vértice al del PDA, que se limita a aplicarlo, atenuándolo con algunas políticas asistencialistas. Por ello proponemos las siguientes medidas:
1- La educación pública está hoy amenazada por las políticas neoliberales de privatización y descentralización del sistema educativo. Exige de nuestra parte y de los trabajadores, en especial de los maestros, que nos coloquemos a la cabeza de las comunidades educativas y luchemos por la defensa de la educación pública, laica, científica, financiada por el estado, sin intermediarios, gratuita y obligatoria en todos los niveles. No al sistema de “bouchers” que convierte la educación en una mercancía y fomenta la privatización.
Los tratados de libre comercio, la privatización de la educación y el desmonte de la educación pública se dan en el marco de convertir la educación en una industria capitalista de explotación intensiva. En Colombia, hacia allá apuntan la Ley General de Educación, el Acto Legislativo 01 de 2001 y la Ley 715 con sus decretos reglamentarios.
2- Ruptura de todos los pactos y acuerdos con organismos culturales, educativos y financieros internacionales que imponen el modelo neoliberal de la educación por competencias al servicio de la explotación capitalista. Ruptura inmediata con la Unesco, el BM y el BID. No al control y administración del conocimiento y la información por el BM. Ruptura con las políticas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que está imponiendo a todos los países pobres derechos ejecutables para comerciar con los servicios, en particular con la educación.
3-Por escuelas técnicas y tecnológicas, combinadas con las escuelas públicas. No al cierre de colegios de básica y media para crear instituciones de educación media técnica. Dotación de todas las instituciones educativas del estado de acuerdo a los adelantos de la ciencia y la tecnología. No a la calidad centrada en los resultados y la eficiencia. No a la racionalización de la planta. No más hacinamiento. Aulas suficientes y especializadas. Evaluaciones de la educación para determinar necesidades de capacitación y profesionalización de los docentes y no como mecanismos de sanción y de exclusión, sólo así se podrá evaluar la idoneidad y el desempeño de los docentes.
4- Por un solo régimen laboral docente, echemos abajo el nuevo Estatuto de Profesionalización Docente (1278). Defensa y extensión de los derechos laborales y prestacionales para todos los maestros. Nombramiento inmediato para todos los docentes provisionales. Servicios médicos prestados directamente por el estado. Por un aumento salarial del 50% para todos los trabajadores de la educación.
5- No al cobro generalizado a los estudiantes de las universidades públicas, echemos abajo el articulo 38 del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. No a la implementación del modelo por competencias. Lo que se busca con esto es fusionar facultades para eliminar cargos y sobreexplotar a los docentes y a los trabajadores de la educación, debilitar a la universidades públicas para luego venderlas, cerrarlas o entregarlas en concesión como ya se está haciendo con la educación básica y media.
6- Por plenas libertades políticas y sindicales para todos los docentes y trabajadores de la educación. No más asesinatos de docentes y luchadores del pueblo. Castigo a los culpables de los asesinatos de dirigentes obreros populares, docentes y estudiantes. Por el derecho de los trabajadores a organizarse y a defender sus organizaciones.
7- Por organizaciones sindicales para la lucha, no para la concertación. Cada día son más los docentes que no están organizados por la negativa de FECODE y sus sindicatos regionales a organizarlos y luchar. A los maestros provisionales, nuevos (bajo el 1278), por contrato en colegios en concesión o en convenio, al no estar organizados y no negociar colectivamente, el gobierno les impone prestaciones sociales y salarios de hambre. Este sector de docentes es el que hoy esta luchando y en relación con ellos es necesario tener una política permanente en pro de su organización, defensa de sus derechos y politización.
Los sindicatos no son fines en sí, sino instrumentos al servicio de la lucha: por esto debemos impulsar la unidad de todos los trabajadores de la educación y trabajadores en general en una sola central sindical y en sindicatos únicos de industria, pero con una política para la movilización, no para la concertación.
8-Por un programa de transición. Nuestro programa no puede limitarse a los puntos anteriores, también defiende el futuro de los trabajadores, que no es otro que la lucha por la destrucción del sistema capitalista y la construcción de una nueva sociedad, el socialismo. Por un gobierno de los trabajadores, los sectores populares y los campesinos, para que implemente y consolide todas esta propuestas
Carlos Flores
Tomado de "El Socialista"
Sena: desmonte de la educación técnica de calidad
El Sena se ha convertido en pivote de la política neoliberal en la educación. Los seis años de revolución educativa han tenido como resultado que la formación de trabajadores altamente calificados ha venido siendo remplazada poco a poco por un servicio de aprendizaje a la medida de las necesidades de los grandes empresarios del país y del capital extranjero, en detrimento de la cualificación de la clase trabajadora.
El conocimiento y la formación se han instrumentalizado mediante competencias laborales que adecuan al trabajador a la flexibilidad laboral, al trabajo precario y a la ausencia casi total de garantías laborales. Ideologías como la del emprendimiento y la gestión empresarial se han apoderado del enfo-que de la mayoría de las carreras que ofrece el Sena, todo con el objetivo de inculcar en el aprendiz la mentalidad capitalista del costo-ganancia y la competencia individual por encima de la solidaridad y los derechos colectivos. Además la implementación mecánica e indiscriminada de la educación virtual vía Internet, ha deteriorado dramáticamente la calidad de la educación impartida en el Sena, unida a la reducción de instructores de planta quienes vienen siendo reemplazados por los procesos virtuales o por instructores contratistas.
Los mismos cursos han sido reducidos en el tiempo y en los recursos técnicos requeridos para dominar los procesos productivos que se supone se están aprendiendo, dejándolos a la deriva del ciberespacio para ser resueltos por los estudiantes de manera individual, asumiendo por supuesto los costos adicionales que a este le acarrea. El contrato de aprendizaje, que parece calcado de las leyes de primer empleo contra las que han luchado los jóvenes en varios países, caracterizado por la flexibi-lización total de las condiciones del contrato, desconociendo derechos elementales salariales y de prestaciones, es un jugoso negocio para los empresarios que aprovechando la necesidad de las prác-ticas sobreexplotan a los aprendices.
Además la política de la articulación de la educación media con la educación técnica y tecnológica que se empieza a diseminar en Bogotá, lejos de brindar una educación técnica de calidad, descentraliza en los colegios del distrito, del magisterio bogotano y de convenios sin un real acompañamiento y conti-nuidad, la responsabilidad de la educación superior de miles de estudiantes que ven restringido el acceso real a las universidades públicas o a los programas del Sena.
La Seguridad Democrática al interior del Sena
Estos planes han sido resistidos tanto por estudiantes como por trabajadores, que han demostra-do disposición a luchar por el carácter público del Sena, por los derechos de los estudiantes y los tra-bajadores.
Pero la respuesta ha sido la que se ha aplicado a todos los movimientos que resisten el plan de Uribe, las amenazas, los asesinatos y la represión más descarada.
Este año fué asesinado un dirigente sindical del Sena y en Bogotá a finales de mayo pasado en medio de una jornada de protesta un vigilante del complejo de sur le disparó a un estudiante que aún se encuentra en grave estado de salud.
Los esfuerzos que se realizan por consolidar una organización estudiantil que defienda los inter-eses de los aprendices del Sena han sido sistemáticamente impedidos por la alta dirección del Sena. Esto se evidencia en el último encuentro de representantes en Cúcuta que además de ser controlado férreamente por las directivas, y la iglesia, las expresiones en contra del plan neoliberal agenciado por el director Darío Montoya son silenciadas. En este evento fueron expulsados dos representantes que a la vez eran miembros del Comité de estudiantes y egresados del Sena -COES- por impulsar la organi-zación estudiantil y denunciar los planes neoliberales contra el Sena.
Los asesinatos y la persecución y represión contra los estudiantes nos plantean una vez más la necesidad de unificar esfuerzos, pues es el mismo gobierno, cómplice con los crímenes más atroces del paramilitarismo el que ordena la represión en el sena y las universidades.
Pero este duro plan que avanza día a día no lo podremos enfrentar solos. En primer lugar urge el forta-lecimiento de la organización estudiantil del Sena, con un carácter democrático y para la lucha que responda a las particularidades de nuestra condición de estudiantes-trabajadores.
Tomado de "El Socialista"
El conocimiento y la formación se han instrumentalizado mediante competencias laborales que adecuan al trabajador a la flexibilidad laboral, al trabajo precario y a la ausencia casi total de garantías laborales. Ideologías como la del emprendimiento y la gestión empresarial se han apoderado del enfo-que de la mayoría de las carreras que ofrece el Sena, todo con el objetivo de inculcar en el aprendiz la mentalidad capitalista del costo-ganancia y la competencia individual por encima de la solidaridad y los derechos colectivos. Además la implementación mecánica e indiscriminada de la educación virtual vía Internet, ha deteriorado dramáticamente la calidad de la educación impartida en el Sena, unida a la reducción de instructores de planta quienes vienen siendo reemplazados por los procesos virtuales o por instructores contratistas.
Los mismos cursos han sido reducidos en el tiempo y en los recursos técnicos requeridos para dominar los procesos productivos que se supone se están aprendiendo, dejándolos a la deriva del ciberespacio para ser resueltos por los estudiantes de manera individual, asumiendo por supuesto los costos adicionales que a este le acarrea. El contrato de aprendizaje, que parece calcado de las leyes de primer empleo contra las que han luchado los jóvenes en varios países, caracterizado por la flexibi-lización total de las condiciones del contrato, desconociendo derechos elementales salariales y de prestaciones, es un jugoso negocio para los empresarios que aprovechando la necesidad de las prác-ticas sobreexplotan a los aprendices.
Además la política de la articulación de la educación media con la educación técnica y tecnológica que se empieza a diseminar en Bogotá, lejos de brindar una educación técnica de calidad, descentraliza en los colegios del distrito, del magisterio bogotano y de convenios sin un real acompañamiento y conti-nuidad, la responsabilidad de la educación superior de miles de estudiantes que ven restringido el acceso real a las universidades públicas o a los programas del Sena.
La Seguridad Democrática al interior del Sena
Estos planes han sido resistidos tanto por estudiantes como por trabajadores, que han demostra-do disposición a luchar por el carácter público del Sena, por los derechos de los estudiantes y los tra-bajadores.
Pero la respuesta ha sido la que se ha aplicado a todos los movimientos que resisten el plan de Uribe, las amenazas, los asesinatos y la represión más descarada.
Este año fué asesinado un dirigente sindical del Sena y en Bogotá a finales de mayo pasado en medio de una jornada de protesta un vigilante del complejo de sur le disparó a un estudiante que aún se encuentra en grave estado de salud.
Los esfuerzos que se realizan por consolidar una organización estudiantil que defienda los inter-eses de los aprendices del Sena han sido sistemáticamente impedidos por la alta dirección del Sena. Esto se evidencia en el último encuentro de representantes en Cúcuta que además de ser controlado férreamente por las directivas, y la iglesia, las expresiones en contra del plan neoliberal agenciado por el director Darío Montoya son silenciadas. En este evento fueron expulsados dos representantes que a la vez eran miembros del Comité de estudiantes y egresados del Sena -COES- por impulsar la organi-zación estudiantil y denunciar los planes neoliberales contra el Sena.
Los asesinatos y la persecución y represión contra los estudiantes nos plantean una vez más la necesidad de unificar esfuerzos, pues es el mismo gobierno, cómplice con los crímenes más atroces del paramilitarismo el que ordena la represión en el sena y las universidades.
Pero este duro plan que avanza día a día no lo podremos enfrentar solos. En primer lugar urge el forta-lecimiento de la organización estudiantil del Sena, con un carácter democrático y para la lucha que responda a las particularidades de nuestra condición de estudiantes-trabajadores.
Tomado de "El Socialista"
En defensa de la educación pública
Al cierre de esta edición, los estudiantes del colegio INEM llevan 4 días de toma de las instalaciones, y los del Instituto Técnico Laureano Gómez, junto con los padres de familia, se aprestan a impedir la entrada del rector y las directivas de esta institución educativa.
¿Qué tienen en común estos dos colegios ubicados en el sur occidente y noroccidente de la capital? Son dos de los pocos colegios de bachillerato técnico que aún sobreviven a la política estatal de acabar con esta modalidad educativa, que tuvo su auge en la década del 70, pero que ahora, de acuerdo a las políticas neoliberales, le resulta muy costosa al Estado. Por eso desde 1993 la Ley General de Educación, al reorganizar el aparato educativo, estableció que este tipo de educación debería reducirse a dos años, es decir al ciclo de la educación media. Sin embargo, estableció que los colegios que en esa fecha fuesen técnicos o diversificados podrían conservar su carácter.
Desde entonces la arremetida gubernamental por desmantelarlos ha sido la constante de todos los gobiernos tanto nacionales como locales. El INEM de Kennedy como se le conoce popularmente fue en su apogeo uno de los colegios más grandes de Suramérica; una pequeña ciudadela que contaba con más de 400 docentes y con talleres para el aprendizaje de múltiples modalidades técnicas. Hoy su planta de personal docente se ha reducido a la mitad, y en lo que va corrido de este año han sacado a 37 docentes con el consiguiente cierre de talleres. En el Laureano Gómez el proceso ha sido similar. La anterior administración distrital cerró en el 2003 una de las 4 opciones que se ofrecían. Para sorpresa de muchos desde la Secretaría de Educación, bajo la dirección y el gobierno del Polo Democrático, la arremetida contra la educación técnica se ha incrementado de manera acelerada. Abel Rodríguez en aplicación del Plan Decenal y de la Revolución Educativa, políticas uribistas, se ha empeñado en convertir los colegios técnicos que quedan en media técnica. Para lograr este objetivo ha nombrado en la rectoría de estas instituciones a personajes caracterizados por su gestión vertical, antidemocrática y totalitaria. Los rectores, al mejor estilo uribista, han llegado a imponer, amenazar e intimidar a la comunidad educativa, pasando por encima de los organismos del gobierno escolar. Por eso en las dos instituciones el primer punto de exigencia es el cambio de rectores acompañado de la defensa de la educación técnica, el nombramiento de los docentes que hacen falta y la dotación de los talleres.
No se puede luchar de manera consecuente contra el recorte del presupuesto para educación estipulado en la nueva ley de transferencias, sin partir del apoyo a la lucha de estas dos comunidades que de hecho están enfrentando el recorte presupuestal y sus nefastas consecuencias en la baja de la calidad educativa. Natalia
Tomado de "El Socialista"
¿Qué tienen en común estos dos colegios ubicados en el sur occidente y noroccidente de la capital? Son dos de los pocos colegios de bachillerato técnico que aún sobreviven a la política estatal de acabar con esta modalidad educativa, que tuvo su auge en la década del 70, pero que ahora, de acuerdo a las políticas neoliberales, le resulta muy costosa al Estado. Por eso desde 1993 la Ley General de Educación, al reorganizar el aparato educativo, estableció que este tipo de educación debería reducirse a dos años, es decir al ciclo de la educación media. Sin embargo, estableció que los colegios que en esa fecha fuesen técnicos o diversificados podrían conservar su carácter.
Desde entonces la arremetida gubernamental por desmantelarlos ha sido la constante de todos los gobiernos tanto nacionales como locales. El INEM de Kennedy como se le conoce popularmente fue en su apogeo uno de los colegios más grandes de Suramérica; una pequeña ciudadela que contaba con más de 400 docentes y con talleres para el aprendizaje de múltiples modalidades técnicas. Hoy su planta de personal docente se ha reducido a la mitad, y en lo que va corrido de este año han sacado a 37 docentes con el consiguiente cierre de talleres. En el Laureano Gómez el proceso ha sido similar. La anterior administración distrital cerró en el 2003 una de las 4 opciones que se ofrecían. Para sorpresa de muchos desde la Secretaría de Educación, bajo la dirección y el gobierno del Polo Democrático, la arremetida contra la educación técnica se ha incrementado de manera acelerada. Abel Rodríguez en aplicación del Plan Decenal y de la Revolución Educativa, políticas uribistas, se ha empeñado en convertir los colegios técnicos que quedan en media técnica. Para lograr este objetivo ha nombrado en la rectoría de estas instituciones a personajes caracterizados por su gestión vertical, antidemocrática y totalitaria. Los rectores, al mejor estilo uribista, han llegado a imponer, amenazar e intimidar a la comunidad educativa, pasando por encima de los organismos del gobierno escolar. Por eso en las dos instituciones el primer punto de exigencia es el cambio de rectores acompañado de la defensa de la educación técnica, el nombramiento de los docentes que hacen falta y la dotación de los talleres.
No se puede luchar de manera consecuente contra el recorte del presupuesto para educación estipulado en la nueva ley de transferencias, sin partir del apoyo a la lucha de estas dos comunidades que de hecho están enfrentando el recorte presupuestal y sus nefastas consecuencias en la baja de la calidad educativa. Natalia
Tomado de "El Socialista"
Contra las recompensas para criminalizar a los jóvenes
El pasado Primero de Mayo, uno de los más masivos de los últimos años, al final de la movilización en Bogotá hubo enfrentamientos entre jóvenes y la policía que dejaron 8 policías y 2 manifestantes heridos, así como 80 detenidos. Igual que el 11 de marzo cuando Bush pasó revista a su lugarteniente Uribe en Bogotá, los enfrentamientos con manifestantes fueron la excusa para un safari policial por las calles del centro de Bogotá.
Esta vez el asesino ESMAD luego de disolver con gases y bolillo lo que quedaba de la marcha del Primero de Mayo se dedicó a perseguir a todo joven que tuviera encima alguna prenda roja o negra, o que su peinado fuera algo mas largo, parado o rapado de lo “normal”.
En las calles y hasta en los buses de servicio público los policías se dedicaron a cazar a la juventud, participante o no de la marcha del Primero de Mayo.
La represión detonó de nuevo la ira de la juventud que se ha dado cuenta que no tiene futuro bajo el capitalismo, y que vive diariamente en las calles, en los colegios y las universidades las agresiones y la discriminación policial. Esta es la juventud que descarga su odio cuando puede hacia los símbolos del capitalismo, las vitrinas, el comercio y la policía.
No podemos olvidar que fue el mismo ESMAD quien hace dos años asesinó a golpes al joven Nicolás Neira quien participaba con uno de los grupos juveniles de la marcha del primero de mayo.
Ahora se ha desatado una cruzada contra la juventud. Por los medios masivos de comunicación desfilaron desde el presidente de la CGT Julio Roberto Gómez, dirigentes del PDA, periodistas y la Policía señalando como vándalos, desadaptados e infiltrados a los jóvenes que enfrentan la violencia estatal.
Al mismo tiempo que se persigue a la juventud, a los paramilitares que han asesinado y descuartizado a miles de personas, se les premia con privilegios y con la impunidad.
Pero lo más grave es que el Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Daniel Castiblanco (untado ya por el paramilitarismo) está ofreciendo recompensas de hasta un millón de pesos por los dirigentes de lo que él llama grupos “Anti-imperialistas”, que dice haber identificado con el método fascista de filmaciones a las manifestaciones.
El poner precio a las cabezas de militantes y dirigentes de grupos políticos o culturales de la juventud, es también una grave amenaza contra las organizaciones de izquierda y las luchas obreras y populares que se salgan de la oposición “civilista” que le ha impuesto la dirección del PDA al conjunto de la población explotada, oprimida y reprimida por el régimen semifascista de Álvaro Uribe Vélez.
Estas medidas, al igual que la nueva ley de infancia o las políticas de juventud del alcalde Garzón, lo que buscan es golpear el avance del descontento entre la juventud, su creciente concientización y participación en las luchas de los explotados. El objetivo de la burguesía es evitar explosiones juveniles como las de los inmigrantes y estudiantes en Francia o la de los estudiantes secundarios en chile, que han puesto en jaque al gobierno de derecha de Jaques Chirac como a la socialdemócrata Michelle Bachelet.
El PST rechaza estas medidas represivas avaladas por el jefe político de la policía de Bogotá, el alcalde Garzón, contra la juventud y la persecución a sus expresiones culturales y políticas antiimperialistas. Igualmente rechaza las posiciones reaccionarias de los altos dirigentes sindicales que buscan acallar la rebeldía y la energía revolucionaria de la juventud.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones de izquierda, a los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos y a las expresiones políticas y culturales de la juventud a impulsar una campaña de rechazo contra la represión y las recompensas contra la juventud.
Tomado de "El Socialista"
Esta vez el asesino ESMAD luego de disolver con gases y bolillo lo que quedaba de la marcha del Primero de Mayo se dedicó a perseguir a todo joven que tuviera encima alguna prenda roja o negra, o que su peinado fuera algo mas largo, parado o rapado de lo “normal”.
En las calles y hasta en los buses de servicio público los policías se dedicaron a cazar a la juventud, participante o no de la marcha del Primero de Mayo.
La represión detonó de nuevo la ira de la juventud que se ha dado cuenta que no tiene futuro bajo el capitalismo, y que vive diariamente en las calles, en los colegios y las universidades las agresiones y la discriminación policial. Esta es la juventud que descarga su odio cuando puede hacia los símbolos del capitalismo, las vitrinas, el comercio y la policía.
No podemos olvidar que fue el mismo ESMAD quien hace dos años asesinó a golpes al joven Nicolás Neira quien participaba con uno de los grupos juveniles de la marcha del primero de mayo.
Ahora se ha desatado una cruzada contra la juventud. Por los medios masivos de comunicación desfilaron desde el presidente de la CGT Julio Roberto Gómez, dirigentes del PDA, periodistas y la Policía señalando como vándalos, desadaptados e infiltrados a los jóvenes que enfrentan la violencia estatal.
Al mismo tiempo que se persigue a la juventud, a los paramilitares que han asesinado y descuartizado a miles de personas, se les premia con privilegios y con la impunidad.
Pero lo más grave es que el Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Daniel Castiblanco (untado ya por el paramilitarismo) está ofreciendo recompensas de hasta un millón de pesos por los dirigentes de lo que él llama grupos “Anti-imperialistas”, que dice haber identificado con el método fascista de filmaciones a las manifestaciones.
El poner precio a las cabezas de militantes y dirigentes de grupos políticos o culturales de la juventud, es también una grave amenaza contra las organizaciones de izquierda y las luchas obreras y populares que se salgan de la oposición “civilista” que le ha impuesto la dirección del PDA al conjunto de la población explotada, oprimida y reprimida por el régimen semifascista de Álvaro Uribe Vélez.
Estas medidas, al igual que la nueva ley de infancia o las políticas de juventud del alcalde Garzón, lo que buscan es golpear el avance del descontento entre la juventud, su creciente concientización y participación en las luchas de los explotados. El objetivo de la burguesía es evitar explosiones juveniles como las de los inmigrantes y estudiantes en Francia o la de los estudiantes secundarios en chile, que han puesto en jaque al gobierno de derecha de Jaques Chirac como a la socialdemócrata Michelle Bachelet.
El PST rechaza estas medidas represivas avaladas por el jefe político de la policía de Bogotá, el alcalde Garzón, contra la juventud y la persecución a sus expresiones culturales y políticas antiimperialistas. Igualmente rechaza las posiciones reaccionarias de los altos dirigentes sindicales que buscan acallar la rebeldía y la energía revolucionaria de la juventud.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones de izquierda, a los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos y a las expresiones políticas y culturales de la juventud a impulsar una campaña de rechazo contra la represión y las recompensas contra la juventud.
Tomado de "El Socialista"
Universidad Nacional Enfrentando las contrarreformas
Retomando la movilización iniciada hace un año, los estudiantes universitarios volvieron a las calles. Esta vez el detonador ha sido la imposición arbitraria de un estatuto estudiantil en la Universidad Nacional. La suspensión de las clases ha obligado a las directivas uribistas de la UN a reabrir la discusión y aceptar como interlocutor legítimo al movimiento de protesta.
Golpe a golpe
Desde su primer período Álvaro Uribe decidió demoler hasta los cimientos la universidad pública. Así como en primaria y secundaria ha hacinado los estudiantes a costa de la calidad del servicio y la sobreexplotación de los docentes, o el Sena ha sido reducido a dictar cursillos superficiales, quiere obligar a las universidades estatales a rebajar la calidad de la formación profesional, empujándolas a la autofinanciación. Uno de los focos de resistencia a su política ha sido la Universidad Nacional; para tratar de vencerlo ha copado la administración y aplicado todo un paquete de contrarreformas.
A pesar del rechazo mayoritario de la comunidad universitaria, hace cinco años fue impuesto el rector Marco Palacios, quien sentenció: “estamos enseñando demasiado”. Con ello reconocía la calidad de la formación profesional en la UN y la necesidad de degradarla para cumplir los objetivos del gobierno. La Ministra de Educación, Cecilia María Vélez, fue más burda y le ordenó a Palacios “hacer más con lo mismo, o con menos”, indicando que el interés del gobierno era ampliar la cobertura, recortando el presupuesto. La resistencia de la comunidad, obligó a renunciar a Palacios dos años después, siendo sucedido por Ramón Fayad y más tarde por Moisés Wasserman. Estos rectores treparon al poder sobre la base de la alteración de los reglamentos impuesta por Palacios. Así como Uribe compró su reelección a oscuros parlamentarios, en la UN se ha ido consolidando un sistema clientelista para mantener el control en manos del gobierno. Los remedos de consulta a los universitarios, a través de los claustros y colegiaturas, son cada vez menos participativos, pues las propuestas mayoritarias son desechadas sin ningún argumento. Así, golpe a golpe, el autoritarismo se ha impuesto en la UN.
Contrarreformas, clientelismo y corrupción
La reforma al Estatuto General, que debilitó la autonomía de las facultades y las sedes centralizando el poder en manos de la rectoría y el Consejo Superior, sirvió de base para la actual Reforma Académica que recorta el pregrado e impone el sistema de créditos que homogeniza la formación universitaria. Esto ha ido acompañado de la proliferación de posgrados, cuyo costo está fuera del alcance de los estudiantes de menores ingresos, con el objetivo de que la universidad obtenga recursos propios. Simultáneamente, y con el mismo argumento, los decanos se ven obligados a comportarse como “gerentes”, promoviendo contratos de investigación, servicios o extensión en beneficio de intereses privados. De esta manera la infraestructura de la universidad, y la propia planta docente y administrativa abandonan su función esencial al servicio de la docencia y el desarrollo del conocimiento para adoptar fines mercantiles. Una parte creciente del tiempo de trabajo de los profesores de planta y ocasionales, los empleados y los propios estudiantes, hoy se destina a estas labores de autofinanciación, a costa de la calidad de la formación en el pregrado.
Otro ejemplo del deterioro de la universidad son los negocios en los que está involucrado el actual Vicerrector de la sede Bogotá, Fernando Montenegro, señalado por los medios de comunicación como un ávido contratista de obras civiles para el Estado. No parece casualidad que parte significativa de los recursos de inversión de la universidad hoy se destine a la construcción de edificios o al llamado Plan de Regularización y Manejo del campus de Bogotá. Alrededor de estos negocios y este tipo de personajes se agrupa un sector motivado por intereses privados, fuente segura de corrupción y malos manejos, que amenaza la imagen de la universidad frente a la opinión pública y debilita su defensa.
Vigilar y castigar
Para imponer estos planes es necesario controlar a los universitarios. Es por eso que se reforman el Estatuto Académico, el Estatuto Estudiantil y la Carrera Administrativa que reglamentan las actividades de los docentes, estudiantes y trabajadores. En el caso de los profesores y empleados el objetivo de las contrarreformas busca eliminar la estabilidad laboral, incrementar la carga de trabajo y subordinarlos a los designios de una administración con mentalidad mercantil.
En el caso de los estudiantes el Estatuto impone mecanismos académicos como la bolsa de créditos o el promedio de calificaciones que limitan sus posibilidades de formación integral y su permanencia en la universidad. Los más afectados serán los estudiantes de menores ingresos que ya enfrentan graves dificultades debido a su situación socioeconómica. Tradicionalmente el examen de admisión elimina a un noventa por ciento de los jóvenes que logran pagar su costo, impidiendo su acceso a la UN. A esto se va agregar ahora un régimen académico restrictivo que les impedirá ocuparse de los graves problemas que afectan a nuestra sociedad y frente a los cuales deben formarse en un pensamiento crítico y científico. Para asegurar aún más la camisa de fuerza sobre la rebeldía estudiantil se prepara un régimen disciplinario, calcado de la “seguridad democrática” de Uribe, para perseguir a quienes se organicen gremial o políticamente y disientan de las políticas gubernamentales. Coincide esto, en la sede Bogotá, con el plan de seguridad para el campus, cuyos recursos técnicos se basarán en costosas cámaras de vigilancia y centros de monitoreo para vigilar la actividad de la comunidad, todo en el marco de la “guerra al terrorismo”. La otra cara de esta política se ha hecho sentir en los claustros universitarios con las amenazas contra la vida de los dirigentes estudiantiles, profesorales y de los trabajadores.
Continuar la lucha
La resistencia ha sido un palo en la rueda de las contrarreformas, pero estas siguen avanzando de manera inexorable. El futuro de la universidad pública colombiana depende de la capacidad de organización democrática de la protesta, la unidad triestamentaria —que debe incluir ahora a los pensionados pues sus ingresos están en situación de riesgo—, y el apoyo del resto del sector educativo que enfrenta la misma política de Uribe. La resistencia deberá enfrentar ahora la desfinanciación que impone el Plan Nacional de Desarrollo contra el que se enfrentó el año pasado. Hoy, más que nunca, es necesario retomar el camino de la movilización nacional de masas, reiniciada con la marcha del Eje Cafetero y el paro en la Universidad Nacional. Para acordar un plan de acción unificado urge la realización de un Congreso Universitario Nacional.
Juan Sanchez Ramirez, profesor Universidad Nacional,
candidato a la subdirectiva de la CUT Bogotá Cundinamarca
Tomado de "El Socialista"
El escándalo sobre los encapuchados: cacería de brujas
Desde cuando la senadora uribista Gina Parodi puso el grito en el cielo al mostrar videos de estudiantes encapuchados haciendo un mitin en la Universidad Distrital, en Bogotá, se ha desatado una ofensiva, desde los palcos parlamentarios y los medios de comunicación, contra el movimiento estudiantil y las universidades públicas.
‘Parodya’ y para-noia
Desde los medios de comunicación se ha desarrollado toda una campaña de estigmatización que ha estado dirigida por lo más reaccionario del periodismo colombiano. Programas de opinión como La Noche han servido de caja de resonancia para esta ofensiva mediática, donde casi teatralmente se señala a los estudiantes universitarios como ‘terroristas’ y a las universidades como ‘santuarios’ de las milicias urbanas de las Farc.
En realidad los videos estaban colgados en internet desde hace meses, la presencia de estudiantes encapuchados en las universidades existe desde hace décadas y cada cierto tiempo el tema de la infiltración de grupos guerrilleros en los centros de educación pública superior inflama los airados pulmones de la reacción.
Este escándalo se da en medio de los esfuerzos del gobierno de amplificar la llamada ‘Farcpolítica’ para tapar los constantes escándalos que involucran a altos funcionarios y a sus aliados con la parapolítica. Hace solo unas semanas el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunció que en unos computadores incautados encontraron toda la información de las redes de milicianos de las Farc en las ciudades, días después saltaron las denuncias de la senadora Parody. Además el uribismo, ante la derrota electoral en Bogotá, viene tratando de presionar al gobierno distrital en manos del Polo con el tema de la seguridad.
Ofensiva para privatizar
Esta ofensiva tiene el objetivo de golpear al movimiento estudiantil que en los últimos años ha enfrentado los planes contra la universidad pública, y que en su punto máximo el año pasado fue uno de los sostenes más fuertes del paro del sector educativo. Este movimiento, a diferencia de lo que pretenden mostrar, ha empezado, lentamente, a adoptar métodos democráticos de discusión y movilización de masas que se contraponen a la imagen de ‘estudiantes delincuentes’ haciendo escuela para ‘terroristas’. El mensaje que quieren imponer el gobierno y los medios de comunicación a los estudiantes y sus familias es que a las universidades solo se puede ir a ‘estudiar’ sin involucrarse en cualquier cuestión política y menos rechistar por la aplicación de los planes de liquidación de la universidad pública.
Un discusión necesaria
El movimiento estudiantil como un reflejo de su conciencia democrática ha reaccionado movilizándose contra el gobierno y sus voceros en el parlamento y el Concejo de Bogotá, defendiéndose de la estigmatización y la ofensiva mediática.
Pero a la par que se da esta respuesta a la perversa campaña del gobierno, tenemos que volver a discutir al interior de las universidades las nefastas consecuencias que hasta ahora ha traído el método de la capucha y la idealización de ésta como un símbolo de mística revolucionaria.
Este método, lejos de propiciar la organización de los estudiantes para defender sus derechos, no pasa de ser un símbolo del aislamiento de los grupos de vanguardia, que si bien cuentan con la simpatía de algunos sectores, provoca también el rechazo de importantes franjas del estudiantado despolitizado, facilitándole argumentos a las posiciones de derecha dentro de las universidades.
Que la capucha es innecesaria para adelantar la protesta masiva y democrática de los estudiantes se ha puesto de manifiesto en los años recientes. Cuando un sector estudiantil amplio enfrenta las políticas de la administración y el gobierno acuden a la participación en asambleas abiertas y a la protesta callejera, concitando el apoyo de la población y obligando a los grandes medios de comunicación a cubrir de manera más objetiva las razones de la protesta, poniendo en evidencia también las maniobras del gobierno y la arbitrariedad y brutalidad de las instituciones represivas del Estado. La protección de los activistas y dirigentes dependerá, en buena medida, más que de ocultar el rostro, de presentarlo de manera abierta ante las bases promoviendo la organización estudiantil y exigiendo garantías para el ejercicio de las libertades democráticas, dentro y fuera de los claustros.
Tomado de "El Socialista"
‘Parodya’ y para-noia
Desde los medios de comunicación se ha desarrollado toda una campaña de estigmatización que ha estado dirigida por lo más reaccionario del periodismo colombiano. Programas de opinión como La Noche han servido de caja de resonancia para esta ofensiva mediática, donde casi teatralmente se señala a los estudiantes universitarios como ‘terroristas’ y a las universidades como ‘santuarios’ de las milicias urbanas de las Farc.
En realidad los videos estaban colgados en internet desde hace meses, la presencia de estudiantes encapuchados en las universidades existe desde hace décadas y cada cierto tiempo el tema de la infiltración de grupos guerrilleros en los centros de educación pública superior inflama los airados pulmones de la reacción.
Este escándalo se da en medio de los esfuerzos del gobierno de amplificar la llamada ‘Farcpolítica’ para tapar los constantes escándalos que involucran a altos funcionarios y a sus aliados con la parapolítica. Hace solo unas semanas el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunció que en unos computadores incautados encontraron toda la información de las redes de milicianos de las Farc en las ciudades, días después saltaron las denuncias de la senadora Parody. Además el uribismo, ante la derrota electoral en Bogotá, viene tratando de presionar al gobierno distrital en manos del Polo con el tema de la seguridad.
Ofensiva para privatizar
Esta ofensiva tiene el objetivo de golpear al movimiento estudiantil que en los últimos años ha enfrentado los planes contra la universidad pública, y que en su punto máximo el año pasado fue uno de los sostenes más fuertes del paro del sector educativo. Este movimiento, a diferencia de lo que pretenden mostrar, ha empezado, lentamente, a adoptar métodos democráticos de discusión y movilización de masas que se contraponen a la imagen de ‘estudiantes delincuentes’ haciendo escuela para ‘terroristas’. El mensaje que quieren imponer el gobierno y los medios de comunicación a los estudiantes y sus familias es que a las universidades solo se puede ir a ‘estudiar’ sin involucrarse en cualquier cuestión política y menos rechistar por la aplicación de los planes de liquidación de la universidad pública.
Un discusión necesaria
El movimiento estudiantil como un reflejo de su conciencia democrática ha reaccionado movilizándose contra el gobierno y sus voceros en el parlamento y el Concejo de Bogotá, defendiéndose de la estigmatización y la ofensiva mediática.
Pero a la par que se da esta respuesta a la perversa campaña del gobierno, tenemos que volver a discutir al interior de las universidades las nefastas consecuencias que hasta ahora ha traído el método de la capucha y la idealización de ésta como un símbolo de mística revolucionaria.
Este método, lejos de propiciar la organización de los estudiantes para defender sus derechos, no pasa de ser un símbolo del aislamiento de los grupos de vanguardia, que si bien cuentan con la simpatía de algunos sectores, provoca también el rechazo de importantes franjas del estudiantado despolitizado, facilitándole argumentos a las posiciones de derecha dentro de las universidades.
Que la capucha es innecesaria para adelantar la protesta masiva y democrática de los estudiantes se ha puesto de manifiesto en los años recientes. Cuando un sector estudiantil amplio enfrenta las políticas de la administración y el gobierno acuden a la participación en asambleas abiertas y a la protesta callejera, concitando el apoyo de la población y obligando a los grandes medios de comunicación a cubrir de manera más objetiva las razones de la protesta, poniendo en evidencia también las maniobras del gobierno y la arbitrariedad y brutalidad de las instituciones represivas del Estado. La protección de los activistas y dirigentes dependerá, en buena medida, más que de ocultar el rostro, de presentarlo de manera abierta ante las bases promoviendo la organización estudiantil y exigiendo garantías para el ejercicio de las libertades democráticas, dentro y fuera de los claustros.
Tomado de "El Socialista"
Las culturas juveniles también en contra el capitalismo
Además de ser victima de la explotación, la juventud sufre una opresión permanente por parte de la sociedad capitalista que le impone su moral y sus valores sobre una generación que es considerada inmadura y rebelde que hay que encausar dentro del sistema. Por eso el capitalismo siempre trata de encasillar a toda la sociedad y en especial a la juventud en los mecanismos políticos, económicos e ideológicos que permiten su reproducción en el tiempo.
Para los jóvenes pobres, negros, indígenas, inmigrantes o que expresan una cultura particular tanto la explotación como la opresión es mucho más salvaje. Son ellos los que engrosan los cinturones de miseria de las grandes ciudades de los países pobres, o los guetos de los suburbios destinados a la población inmigrante en las ciudades de los países imperialistas. Estos jóvenes normalmente son excluidos del trabajo, o contratados en las peores condiciones laborales, incluso en algunas partes del mundo, como mano de obra esclava. Además son sistemáticamente violados sus derechos de expresar libremente su cultura autóctona, o adoptada de las culturas juveniles urbanas.
Los jóvenes de la burguesía y de los sectores altos de la clase media son inmunizados por medio del consumo, del estatus social, cuentan con todas las condiciones y las influencias para acceder a cualquier universidad o al trabajo (los que trabajan), viajan por el mundo y se divierten lapidando grandes sumas de dinero. En cambio los jóvenes explotados se ven excluidos de la capacidad de consumir todo lo que bombardean con publicidad los medios de comunicación, cargando así no solamente con la insatisfacción de las necesidades básicas para la supervivencia sino con la frustración permanente de llegar a los estereotipos que la misma sociedad le induce a alcanzar.
Los que se salen del molde
Esta es la forma en que el capitalismo nos va amoldando y nos va encasillando en la gran máquina, lentamente nos va convirtiendo en un engranaje más del sistema encargado de poner “un granito de arena” para el funcionamiento de la sociedad.
Pero el aceite no alcanza para todas las piezas, no todas pueden funcionar bien aceitadas, y los engranajes entonces empiezan a rechinar. Y muchos jóvenes se niegan a cooperar.
Nuevas generaciones expresan su hostilidad hacia la sociedad que los margina venciendo el individualismo y la lápida del conformismo. Muchas han empezado a encontrar la respuesta colectiva hacia la crisis social que se profundiza y se encarniza con la juventud.
El auge que están teniendo las culturas juveniles son expresión de esa búsqueda y en muchos casos refleja un fenómeno progresivo, que va en el camino de encontrar una salida radical a la crisis del capitalismo que empalme con el carácter radical de esa búsqueda.
Muchas de las expresiones culturales juveniles tienen su origen en fenómenos de marginación y exclusión de la clase obrera.
Sobretodo en los países con gran desarrollo industrial, los hijos de los obreros pronto se ven enfrentados a una situación que no encontraron sus padres, que las alternativas y las posibilidades de empleo y de la estabilidad laboral se han reducido dramáticamente, como resultado existe una sensación de desencanto que se junta con una característica propia de la juventud, el enfrentamiento generacional y el cuestionamiento a la autoridad. La hostilidad irrumpe como respuesta subjetiva a esta realidad y encuentra su mejor espacio en la calle, donde pasa de ser un problema subjetivo y emocional a ser un fenómeno social, urgido de una expresión estética.
Así surgen lazos muy fuertes entre músicas urbanas, formas peculiares de vestir y de adornar el cuerpo, que siguen ligadas por la vía estética a la clase obrera y a la marginalidad social.
El control y la institucionalización, un peligro
La juventud es estigmatizada como una etapa de la vida susceptible a la rebeldía y hacia “actividades delictivas” que cuestionan la autoridad. Este prejuicio se vuelve particularmente peligroso en un país como el nuestro en que los altos niveles de violencia política que ejerce la burguesía. El gobierno ve en la juventud marginada y en el movimiento estudiantil de las universidades públicas focos de “terrorismo” y “subversión” que hay que controlar.
Que un joven exteriorice una particular forma de vestir o de peinado es suficiente motivo para policías y demás autoridades burguesas para que sea asociado inmediatamente con el consumo de drogas y la practica de delitos.
Las expresiones culturales y organizativas juveniles que surgen en medio de la lucha generacional por el reconocimiento y el rechazo a la autoridad, muchas veces termina siendo institucionalizado, ya sea a través del mercado que convierte en mercancía hasta las expresiones mas provocadoras del la juventud, atenuando así su carácter rebelde y radical.
También ciertos jóvenes que se destacan como dirigentes y organizadores de sus contemporáneos, terminan siendo cooptados por los gobiernos o las instituciones quienes terminan convirtiéndolos en agentes eficaces para a aplicación de políticas juveniles y el control férreo de los fenómenos juveniles.
Aunque hay diferencias en el enfoque del problema, finalmente los gobiernos terminan coincidiendo en lo que hay que hacer. Control y supervisión de todos los ámbitos de la vida de la juventud. Por eso se crean burocracias especializadas en el tema, que diseñan políticas para la juventud, para ningún aspecto de la vida del joven escape al control estatal y sus instituciones.
Hoy en varias partes del mundo las políticas de juventud llegan al mismo punto, a la política de “tolerancia cero” que aplica el gobierno yanki a los problemas de su juventud, para la cual la pedagogía predilecta es la represión y la reclusión.
Pero más allá de las políticas de institucionalización y control de la juventud enfrentar la crisis social y sus efectos en la juventud lo que le interesa a la burguesía y sus gobiernos el mantener el orden social, que le permita explotar y acumular ganancias con las menores perturbaciones posibles. En este caso los pilares del estado capitalista salen a relucir, los aparatos represores del estado, la penalización más temprana de jóvenes y la utilización de la Policía como fuerza de choque contra la juventud.
Para la muestra está la ley de infancia aprobada este año que penaliza desde los 14 años la delincuencia juvenil y la generalización del uso de los cuerpos antimotines de la policía en especial el ESMAD reflejan esta concepción.
Francis Bacon
Tomado de "El Socialista"
Para los jóvenes pobres, negros, indígenas, inmigrantes o que expresan una cultura particular tanto la explotación como la opresión es mucho más salvaje. Son ellos los que engrosan los cinturones de miseria de las grandes ciudades de los países pobres, o los guetos de los suburbios destinados a la población inmigrante en las ciudades de los países imperialistas. Estos jóvenes normalmente son excluidos del trabajo, o contratados en las peores condiciones laborales, incluso en algunas partes del mundo, como mano de obra esclava. Además son sistemáticamente violados sus derechos de expresar libremente su cultura autóctona, o adoptada de las culturas juveniles urbanas.
Los jóvenes de la burguesía y de los sectores altos de la clase media son inmunizados por medio del consumo, del estatus social, cuentan con todas las condiciones y las influencias para acceder a cualquier universidad o al trabajo (los que trabajan), viajan por el mundo y se divierten lapidando grandes sumas de dinero. En cambio los jóvenes explotados se ven excluidos de la capacidad de consumir todo lo que bombardean con publicidad los medios de comunicación, cargando así no solamente con la insatisfacción de las necesidades básicas para la supervivencia sino con la frustración permanente de llegar a los estereotipos que la misma sociedad le induce a alcanzar.
Los que se salen del molde
Esta es la forma en que el capitalismo nos va amoldando y nos va encasillando en la gran máquina, lentamente nos va convirtiendo en un engranaje más del sistema encargado de poner “un granito de arena” para el funcionamiento de la sociedad.
Pero el aceite no alcanza para todas las piezas, no todas pueden funcionar bien aceitadas, y los engranajes entonces empiezan a rechinar. Y muchos jóvenes se niegan a cooperar.
Nuevas generaciones expresan su hostilidad hacia la sociedad que los margina venciendo el individualismo y la lápida del conformismo. Muchas han empezado a encontrar la respuesta colectiva hacia la crisis social que se profundiza y se encarniza con la juventud.
El auge que están teniendo las culturas juveniles son expresión de esa búsqueda y en muchos casos refleja un fenómeno progresivo, que va en el camino de encontrar una salida radical a la crisis del capitalismo que empalme con el carácter radical de esa búsqueda.
Muchas de las expresiones culturales juveniles tienen su origen en fenómenos de marginación y exclusión de la clase obrera.
Sobretodo en los países con gran desarrollo industrial, los hijos de los obreros pronto se ven enfrentados a una situación que no encontraron sus padres, que las alternativas y las posibilidades de empleo y de la estabilidad laboral se han reducido dramáticamente, como resultado existe una sensación de desencanto que se junta con una característica propia de la juventud, el enfrentamiento generacional y el cuestionamiento a la autoridad. La hostilidad irrumpe como respuesta subjetiva a esta realidad y encuentra su mejor espacio en la calle, donde pasa de ser un problema subjetivo y emocional a ser un fenómeno social, urgido de una expresión estética.
Así surgen lazos muy fuertes entre músicas urbanas, formas peculiares de vestir y de adornar el cuerpo, que siguen ligadas por la vía estética a la clase obrera y a la marginalidad social.
El control y la institucionalización, un peligro
La juventud es estigmatizada como una etapa de la vida susceptible a la rebeldía y hacia “actividades delictivas” que cuestionan la autoridad. Este prejuicio se vuelve particularmente peligroso en un país como el nuestro en que los altos niveles de violencia política que ejerce la burguesía. El gobierno ve en la juventud marginada y en el movimiento estudiantil de las universidades públicas focos de “terrorismo” y “subversión” que hay que controlar.
Que un joven exteriorice una particular forma de vestir o de peinado es suficiente motivo para policías y demás autoridades burguesas para que sea asociado inmediatamente con el consumo de drogas y la practica de delitos.
Las expresiones culturales y organizativas juveniles que surgen en medio de la lucha generacional por el reconocimiento y el rechazo a la autoridad, muchas veces termina siendo institucionalizado, ya sea a través del mercado que convierte en mercancía hasta las expresiones mas provocadoras del la juventud, atenuando así su carácter rebelde y radical.
También ciertos jóvenes que se destacan como dirigentes y organizadores de sus contemporáneos, terminan siendo cooptados por los gobiernos o las instituciones quienes terminan convirtiéndolos en agentes eficaces para a aplicación de políticas juveniles y el control férreo de los fenómenos juveniles.
Aunque hay diferencias en el enfoque del problema, finalmente los gobiernos terminan coincidiendo en lo que hay que hacer. Control y supervisión de todos los ámbitos de la vida de la juventud. Por eso se crean burocracias especializadas en el tema, que diseñan políticas para la juventud, para ningún aspecto de la vida del joven escape al control estatal y sus instituciones.
Hoy en varias partes del mundo las políticas de juventud llegan al mismo punto, a la política de “tolerancia cero” que aplica el gobierno yanki a los problemas de su juventud, para la cual la pedagogía predilecta es la represión y la reclusión.
Pero más allá de las políticas de institucionalización y control de la juventud enfrentar la crisis social y sus efectos en la juventud lo que le interesa a la burguesía y sus gobiernos el mantener el orden social, que le permita explotar y acumular ganancias con las menores perturbaciones posibles. En este caso los pilares del estado capitalista salen a relucir, los aparatos represores del estado, la penalización más temprana de jóvenes y la utilización de la Policía como fuerza de choque contra la juventud.
Para la muestra está la ley de infancia aprobada este año que penaliza desde los 14 años la delincuencia juvenil y la generalización del uso de los cuerpos antimotines de la policía en especial el ESMAD reflejan esta concepción.
Francis Bacon
Tomado de "El Socialista"
martes, 7 de diciembre de 2010
Movimiento estudiantil y “seguridad democrática” en Colombia
La historia del movimiento estudiantil colombiano a lo largo de las últimas 5 décadas, esta plagada de asesinatos, desapariciones, torturas, encarcelamientos, represión y terrorismo de estado que les ha aplicado la oligarquía celosa de que éstos, junto a los trabajadores, campesinos, indígenas, el pueblo sublevado tome el poder.
El pasado 10 de Febrero del 2005 fue un día doblemente trágico para los estudiantes de Colombia y el mundo. Ese día se llevaba a cabo la séptima ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) en Cartagena, y los estudiantes y las centrales obreras habían convocado a movilizaciones de protesta en todo el país en rechazo a dichas negociaciones, que vulneran la soberanía alimentaria de la nación, además de las desventajas económicas y ecológicas que traerán para la pequeña y mediana producción agrícola del país. Los estudiantes de la U de A y de la Universidad Nacional (Medellín) protestaban, también, contra la reelección presidencial de Álvaro Uribe y por la defensa de la educación pública.
Pero aquel día la explosión de un artefacto en la Universidad de Antioquia, hizo que la protesta estudiantil terminara en tragedia. Por causa de la explosión, murieron (el 18 de febrero) las estudiantes, Paula Ospina, de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional y Magaly Betancur, de Ingeniería Física de la Unal, y sufrieron heridas otras 32 más. Todo ocurrió, según testigos de aquella jornada, de manera muy rápida. Primero se presentó un enfrentamiento a piedra y gases lacrimógenos entre estudiantes y policía en las horas de la mañana, y luego vino el estallido del artefacto con los trágicos resultados.
Sin embargo, a esta tragedia que costó la vida a dos estudiantes y heridas a otros 32, además de los daños causados a los laboratorios de química farmacéutica de la universidad, le siguió otra peor que hoy se ha convertido no solo en pesadilla, sino en humillación sobre el dolor de los heridos, sus familias, amigos y amigas, y las de las familias de las jóvenes estudiantes que perdieron la vida. Se ha cumplido con patética maledicencia el refrán que dice: al caído caéle.
Doble tragedia, porque aunque todos los estudiantes que han sido acusados de los trágicos sucesos, han acatado y seguido el juicio que se les sigue, no obstante la dura situación que tienen que afrontar de estar muchos aún con las heridas sin sanar, y temerosos de ser condenados sin haberse llevado a cabo un juicio, es decir la presunción de inocencia y el debido proceso tal y como dice el comunicado del claustro de profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, firmado el 6 de Mayo, cuando fueron capturados en un gigantesco operativo 14 estudiantes:
“El Claustro declara que en el marco de un estricto respeto a los principios y garantías del estado de derecho, reconoce la legitimidad del Estado, incluso a través de la vía penal, si ello se entiende como necesario, para investigar y determinar la responsabilidad de las personas por los actos que implicaren daño injustificado a los bienes y valores definidos democráticamente por una sociedad (...) mantiene la firme convicción de que la defensa de principios como la solidaridad, la libertad de cátedra, la libertad de expresión, la presunción de inocencia y el debido proceso, han de estar presentes en todos sus actos. Y que han de estar presentes así, por lo menos en cuanto el Claustro pretenda ser coherente con una idea de institución universal, pluralista y pública, defendida por la Universidad a la que se debe, y que la Constitución Nacional y los Estatutos fundacionales de la Universidad enfatizan constantemente (El Claustro) entiende que la captura de –por lo pronto- 14 estudiantes es un problema de la Universidad. Y que precisamente en cuanto ellos son estudiantes la Universidad no puede darles la espalda ni a ellos, ni al ambiente que ha generado su captura. En caso contrario, cree el claustro que la Universidad estaría por lo menos abjurando de aquellos valores y principios que la fundan y le dan razón de ser, al paso que renunciaría a participar en la construcción social, cultural y política de un proyecto más civilizado y menos autoritario de convivencia”. http://colombia.indymedia.org/news/2005/05/25329.php
En segundo lugar, esta tragedia ha servido en bandeja de plata a la derecha y los defensores de la política de “seguridad democrática” que impulsa el gobierno de Álvaro Uribe con el apoyo y financiación de Washington, para reprimir y acabar con el movimiento estudiantil y el renacer de la conciencia crítica y organización de éstos. Lo cual, por otra parte, ha significado que los estudiantes participen activamente en debates y protestas contra el TLC, la reelección presidencial, y contra la privatización de la educación. De ahí que, los agentes represivos del estado (fiscal que ordenó los allanamientos que recuerdan los nefastos días de las dictaduras del cono sur, el comandante de la policía Rubén Carrillo que organizó la operación ‘Algebra II’ con precisión quirúrgica a la caza fácil de 14 estudiantes de los cuales algunos tienen heridas de quemadura aún, los Medios de Alienación Masiva como el editorial En defensa de la Universidad de El Mundo, 14 de Mayo, etc) hayan aprovechado los trágicos sucesos del 10F para golpear el naciente movimiento estudiantil que hoy está en la calle y marcha contra la política del gobierno de Uribe. Un presidente que ha dejado de serlo para entrar en campaña política buscando su reelección, y a quien la derecha y los paramilitares quieren mantener en el poder.
Pero nos preguntamos. ¿Podrá sostenerse cuatro años más en el poder un presidente y un gobierno cuya campaña militar (“seguridad democrática”/Plan Patriota) apoyada y financiada por el imperialismo, solo arroja como resultado las masacres para-militares de San Onofre, donde han sido encontrados más de 52 cadáveres de campesinos brutalmente asesinados, los deguellamientos de los dirigentes campesinos de la comunidad de Paz de San José de Apartado por tropas del ejército colombiano el pasado 21 de Febrero http://colombia.indymedia.org/news/2005/03/22797.php , los miles de campesinos desplazados de sus tierras por la motosierra y el machete del ejército paramilitar, los miles de presos políticos y de conciencia que abarrotan las cárceles del régimen de la “seguridad”, la impunidad con que se va a premiar a los ejércitos paramilitares que el mismo presidente de Colombia ayudó a crear en los 80s, la intensión de abolir de la constitución y de la memoria colectiva el delito político para así, falsamente pretender, que en Colombia no hay un conflicto armado, por solo mencionar algunos de los “exitosos” logros?.
No es la primera vez que los estudiantes son víctimas de los errores propios o de la violencia estatal en las históricas luchas que han llevado a cabo al lado del pueblo. La historia del movimiento estudiantil colombiano a lo largo de las últimas 5 décadas, esta plagada de asesinatos, desapariciones, torturas, encarcelamientos, represión y terrorismo de estado que les ha aplicado la oligarquía celosa de que éstos, junto a los trabajadores, campesinos, indígenas, el pueblo sublevado tome el poder. De ahí que para nadie es un secreto que las universidades han sido canteras de luchadores, semilleros de jóvenes que han entregado lo mejor de sus conocimientos académicos y experiencias de lucha a las organizaciones y partidos revolucionarios que luchan por el poder en Colombia.
Durante los últimos años, luego de la larga década de represión, deserción y silencio impuesto por la ola de derechización que recorrió al mundo y paralizó al pensamiento crítico, las universidades públicas y sus estamentos estudiantil y profesoral han vuelto a recuperar, poco a poco, su razón de ser crítica y deliberativa de los asuntos que le atañen no solo a la universidad, sino a la sociedad y el país en general. Este renacer crítico de los principales sujetos de la reflexión intelectual y académica, estudiantes y profesores, se ha manifestado en los foros y asambleas donde se abordan temas tales como el TLC, la amenaza de la privatización de la educación pública, la salud y la reelección presidencial, entre otros. Es decir, los estudiantes han empezado a retomar el papel que históricamente han jugado en la vida política, intelectual y académica del país. Debaten, por ejemplo, cómo el movimiento estudiantil participa en la oposición y el descontento popular que crece cada día ante la entrega de la soberanía, la agricultura, la economía y la educación a los intereses hegemónicos de una clase y una potencia imperial.
Las décadas de los 60 en adelante, han sido testigos de la participación de los movimientos estudiantiles en las luchas políticas contra la injusticia y la represión del poder del estado burgués. El continente está plagado de ejemplos, desde el movimiento estudiantil y obrero en Córdoba, Argentina. El Cordobazo del 29 de Mayo de 1969, donde según un testigo de primer orden como el periodista Rodolfo Walsh: “Se produce un estallido popular, la rebeldía contra tanta injusticia, contra los asesinatos, contra los atropellos. La policia retrocede. Nadie controla la situación. Es el pueblo. Son las bases sindicales y estudiantes que luchan enardecidas. El apoyo total de la población. Es la toma de conciencia contra tantas prohibiciones. Nada de tutelas ni usurpadores del poder, ni de complices participacionistas…” Y quien concluye diciendo: “El saldo de la batalla de Córdoba ‘El Cordobazo’ es trágico. Decenas de muertos, cientos de heridos. Pero la dignidad y el coraje de un pueblo florecen y marcan una página histórica argentina y latinoamericana que no se borrará jamás”.
En Colombia, los estudiantes de las universidades públicas han estado, casi sin excepción, desde que hicieron presencia como movimiento estudiantil, al lado de las luchas populares y revolucionarias, y practicado la solidaridad de clase. Esto lo vemos desde las protestas obreras y estudiantiles en Bogotá el 10 de Mayo de 1.957 contra la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, que costó la vida de varios estudiantes; en las luchas estudiantiles de los 70s y los 80s contra la deuda externa y la solidaridad con las revoluciones antiimperialistas de Cuba, Chile, Nicaragua, Salvador, Guatemala, etc.; hasta las batallas por la autonomía universitaria, el derecho a la educación de los sectores pobres, la defensa de la educación pública, la reforma agraria, las reivindicaciones de los campesinos e indígenas por sus derechos y cultura, y contra el despojo, por la constituyente del 91, entre otras. Jornadas de lucha en la que los estudiantes han participado activamente, no solo desde la academia sino en la calle a través de la acción directa, de la lucha extraparlamentaria, como lo están haciendo hoy contra el TLC, la reelección del presidente más entregado a los intereses imperialistas que conozca la historia, o contra la privatización de la educación. Es lo que protestaban el 10 de febrero los estudiantes en la Universidad de Antioquia y en todo el país, y que por una tragedia costó la vida a dos estudiantes y heridas a 32, muchos de los cuales son perseguidos, puestos en las mazmorras o sometidos al escarnio público.
El vasto operativo de premeditado calculo político y mediático de la policía de Medellín, que comenzó a la media noche del pasado 6 de Mayo contra 14 estudiantes de la Universidad de Antioquia, “guerrilleros” para el comandante que dirigió la difícil operación, “terroristas” como los señala el editorial de El Mundo (ver El Mundo, editorial del 14 de Mayo) nos trae a la memoria el recuerdo de la inquisición. La inquisición, nos lo recuerdan hoy, no sólo fue el arma de combate de los defensores del status quo que las castas feudales y la iglesia reaccionaria del medioevo utilizaron con cruel aplicación, condenando a la hoguera los disidentes, no creyentes, brujas, brujos y herejes. Hoy deja entrever su rostro, el que cubre el velo de la llamada “seguridad democrática” o “cruzada antiterrorista”. Pero no nos hagamos ilusiones. ¿Las torturas en la cárcel de Abu Ghrabi (Irak) una hoguera? ¿La base de Guantánamo, ocupada y usada como cárcel y centro de tortura por el mayor poder del mundo, una hoguera? ¿Hogueras en Palestina? ¿La masacre de San Onofre, en Sucre Colombia, una hoguera? ¿El degollamiento de niños, niñas, y pobladores de la comunidad de Paz de San José de Apartadó, el pasado mes de Febrero, una hoguera? Olvidémonos. Las hogueras son cosas del pasado, de la inquisición!
Pero aquel día la explosión de un artefacto en la Universidad de Antioquia, hizo que la protesta estudiantil terminara en tragedia. Por causa de la explosión, murieron (el 18 de febrero) las estudiantes, Paula Ospina, de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional y Magaly Betancur, de Ingeniería Física de la Unal, y sufrieron heridas otras 32 más. Todo ocurrió, según testigos de aquella jornada, de manera muy rápida. Primero se presentó un enfrentamiento a piedra y gases lacrimógenos entre estudiantes y policía en las horas de la mañana, y luego vino el estallido del artefacto con los trágicos resultados.
Sin embargo, a esta tragedia que costó la vida a dos estudiantes y heridas a otros 32, además de los daños causados a los laboratorios de química farmacéutica de la universidad, le siguió otra peor que hoy se ha convertido no solo en pesadilla, sino en humillación sobre el dolor de los heridos, sus familias, amigos y amigas, y las de las familias de las jóvenes estudiantes que perdieron la vida. Se ha cumplido con patética maledicencia el refrán que dice: al caído caéle.
Doble tragedia, porque aunque todos los estudiantes que han sido acusados de los trágicos sucesos, han acatado y seguido el juicio que se les sigue, no obstante la dura situación que tienen que afrontar de estar muchos aún con las heridas sin sanar, y temerosos de ser condenados sin haberse llevado a cabo un juicio, es decir la presunción de inocencia y el debido proceso tal y como dice el comunicado del claustro de profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, firmado el 6 de Mayo, cuando fueron capturados en un gigantesco operativo 14 estudiantes:
“El Claustro declara que en el marco de un estricto respeto a los principios y garantías del estado de derecho, reconoce la legitimidad del Estado, incluso a través de la vía penal, si ello se entiende como necesario, para investigar y determinar la responsabilidad de las personas por los actos que implicaren daño injustificado a los bienes y valores definidos democráticamente por una sociedad (...) mantiene la firme convicción de que la defensa de principios como la solidaridad, la libertad de cátedra, la libertad de expresión, la presunción de inocencia y el debido proceso, han de estar presentes en todos sus actos. Y que han de estar presentes así, por lo menos en cuanto el Claustro pretenda ser coherente con una idea de institución universal, pluralista y pública, defendida por la Universidad a la que se debe, y que la Constitución Nacional y los Estatutos fundacionales de la Universidad enfatizan constantemente (El Claustro) entiende que la captura de –por lo pronto- 14 estudiantes es un problema de la Universidad. Y que precisamente en cuanto ellos son estudiantes la Universidad no puede darles la espalda ni a ellos, ni al ambiente que ha generado su captura. En caso contrario, cree el claustro que la Universidad estaría por lo menos abjurando de aquellos valores y principios que la fundan y le dan razón de ser, al paso que renunciaría a participar en la construcción social, cultural y política de un proyecto más civilizado y menos autoritario de convivencia”. http://colombia.indymedia.org/news/2005/05/25329.php
En segundo lugar, esta tragedia ha servido en bandeja de plata a la derecha y los defensores de la política de “seguridad democrática” que impulsa el gobierno de Álvaro Uribe con el apoyo y financiación de Washington, para reprimir y acabar con el movimiento estudiantil y el renacer de la conciencia crítica y organización de éstos. Lo cual, por otra parte, ha significado que los estudiantes participen activamente en debates y protestas contra el TLC, la reelección presidencial, y contra la privatización de la educación. De ahí que, los agentes represivos del estado (fiscal que ordenó los allanamientos que recuerdan los nefastos días de las dictaduras del cono sur, el comandante de la policía Rubén Carrillo que organizó la operación ‘Algebra II’ con precisión quirúrgica a la caza fácil de 14 estudiantes de los cuales algunos tienen heridas de quemadura aún, los Medios de Alienación Masiva como el editorial En defensa de la Universidad de El Mundo, 14 de Mayo, etc) hayan aprovechado los trágicos sucesos del 10F para golpear el naciente movimiento estudiantil que hoy está en la calle y marcha contra la política del gobierno de Uribe. Un presidente que ha dejado de serlo para entrar en campaña política buscando su reelección, y a quien la derecha y los paramilitares quieren mantener en el poder.
Pero nos preguntamos. ¿Podrá sostenerse cuatro años más en el poder un presidente y un gobierno cuya campaña militar (“seguridad democrática”/Plan Patriota) apoyada y financiada por el imperialismo, solo arroja como resultado las masacres para-militares de San Onofre, donde han sido encontrados más de 52 cadáveres de campesinos brutalmente asesinados, los deguellamientos de los dirigentes campesinos de la comunidad de Paz de San José de Apartado por tropas del ejército colombiano el pasado 21 de Febrero http://colombia.indymedia.org/news/2005/03/22797.php , los miles de campesinos desplazados de sus tierras por la motosierra y el machete del ejército paramilitar, los miles de presos políticos y de conciencia que abarrotan las cárceles del régimen de la “seguridad”, la impunidad con que se va a premiar a los ejércitos paramilitares que el mismo presidente de Colombia ayudó a crear en los 80s, la intensión de abolir de la constitución y de la memoria colectiva el delito político para así, falsamente pretender, que en Colombia no hay un conflicto armado, por solo mencionar algunos de los “exitosos” logros?.
No es la primera vez que los estudiantes son víctimas de los errores propios o de la violencia estatal en las históricas luchas que han llevado a cabo al lado del pueblo. La historia del movimiento estudiantil colombiano a lo largo de las últimas 5 décadas, esta plagada de asesinatos, desapariciones, torturas, encarcelamientos, represión y terrorismo de estado que les ha aplicado la oligarquía celosa de que éstos, junto a los trabajadores, campesinos, indígenas, el pueblo sublevado tome el poder. De ahí que para nadie es un secreto que las universidades han sido canteras de luchadores, semilleros de jóvenes que han entregado lo mejor de sus conocimientos académicos y experiencias de lucha a las organizaciones y partidos revolucionarios que luchan por el poder en Colombia.
Durante los últimos años, luego de la larga década de represión, deserción y silencio impuesto por la ola de derechización que recorrió al mundo y paralizó al pensamiento crítico, las universidades públicas y sus estamentos estudiantil y profesoral han vuelto a recuperar, poco a poco, su razón de ser crítica y deliberativa de los asuntos que le atañen no solo a la universidad, sino a la sociedad y el país en general. Este renacer crítico de los principales sujetos de la reflexión intelectual y académica, estudiantes y profesores, se ha manifestado en los foros y asambleas donde se abordan temas tales como el TLC, la amenaza de la privatización de la educación pública, la salud y la reelección presidencial, entre otros. Es decir, los estudiantes han empezado a retomar el papel que históricamente han jugado en la vida política, intelectual y académica del país. Debaten, por ejemplo, cómo el movimiento estudiantil participa en la oposición y el descontento popular que crece cada día ante la entrega de la soberanía, la agricultura, la economía y la educación a los intereses hegemónicos de una clase y una potencia imperial.
Las décadas de los 60 en adelante, han sido testigos de la participación de los movimientos estudiantiles en las luchas políticas contra la injusticia y la represión del poder del estado burgués. El continente está plagado de ejemplos, desde el movimiento estudiantil y obrero en Córdoba, Argentina. El Cordobazo del 29 de Mayo de 1969, donde según un testigo de primer orden como el periodista Rodolfo Walsh: “Se produce un estallido popular, la rebeldía contra tanta injusticia, contra los asesinatos, contra los atropellos. La policia retrocede. Nadie controla la situación. Es el pueblo. Son las bases sindicales y estudiantes que luchan enardecidas. El apoyo total de la población. Es la toma de conciencia contra tantas prohibiciones. Nada de tutelas ni usurpadores del poder, ni de complices participacionistas…” Y quien concluye diciendo: “El saldo de la batalla de Córdoba ‘El Cordobazo’ es trágico. Decenas de muertos, cientos de heridos. Pero la dignidad y el coraje de un pueblo florecen y marcan una página histórica argentina y latinoamericana que no se borrará jamás”.
En Colombia, los estudiantes de las universidades públicas han estado, casi sin excepción, desde que hicieron presencia como movimiento estudiantil, al lado de las luchas populares y revolucionarias, y practicado la solidaridad de clase. Esto lo vemos desde las protestas obreras y estudiantiles en Bogotá el 10 de Mayo de 1.957 contra la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, que costó la vida de varios estudiantes; en las luchas estudiantiles de los 70s y los 80s contra la deuda externa y la solidaridad con las revoluciones antiimperialistas de Cuba, Chile, Nicaragua, Salvador, Guatemala, etc.; hasta las batallas por la autonomía universitaria, el derecho a la educación de los sectores pobres, la defensa de la educación pública, la reforma agraria, las reivindicaciones de los campesinos e indígenas por sus derechos y cultura, y contra el despojo, por la constituyente del 91, entre otras. Jornadas de lucha en la que los estudiantes han participado activamente, no solo desde la academia sino en la calle a través de la acción directa, de la lucha extraparlamentaria, como lo están haciendo hoy contra el TLC, la reelección del presidente más entregado a los intereses imperialistas que conozca la historia, o contra la privatización de la educación. Es lo que protestaban el 10 de febrero los estudiantes en la Universidad de Antioquia y en todo el país, y que por una tragedia costó la vida a dos estudiantes y heridas a 32, muchos de los cuales son perseguidos, puestos en las mazmorras o sometidos al escarnio público.
El vasto operativo de premeditado calculo político y mediático de la policía de Medellín, que comenzó a la media noche del pasado 6 de Mayo contra 14 estudiantes de la Universidad de Antioquia, “guerrilleros” para el comandante que dirigió la difícil operación, “terroristas” como los señala el editorial de El Mundo (ver El Mundo, editorial del 14 de Mayo) nos trae a la memoria el recuerdo de la inquisición. La inquisición, nos lo recuerdan hoy, no sólo fue el arma de combate de los defensores del status quo que las castas feudales y la iglesia reaccionaria del medioevo utilizaron con cruel aplicación, condenando a la hoguera los disidentes, no creyentes, brujas, brujos y herejes. Hoy deja entrever su rostro, el que cubre el velo de la llamada “seguridad democrática” o “cruzada antiterrorista”. Pero no nos hagamos ilusiones. ¿Las torturas en la cárcel de Abu Ghrabi (Irak) una hoguera? ¿La base de Guantánamo, ocupada y usada como cárcel y centro de tortura por el mayor poder del mundo, una hoguera? ¿Hogueras en Palestina? ¿La masacre de San Onofre, en Sucre Colombia, una hoguera? ¿El degollamiento de niños, niñas, y pobladores de la comunidad de Paz de San José de Apartadó, el pasado mes de Febrero, una hoguera? Olvidémonos. Las hogueras son cosas del pasado, de la inquisición!
Reportaje con Marcelo Torres, Principal dirigente del Movimiento Estudiantil de Colombia en 1971
Como parte integrante de celebración de los 35 años del Movimiento Estudiantil de 1971, la Juventud Patriótica del Partido del Trabajo de Colombia, coloca en circulación varios materiales publicados sobre el particular.A renglón seguido, reproducimos la entrevista a Marcelo Torres, principal dirigente estudiantil de la época, publicada por la Revista Teorema, N° 19, en octubre de 1981, realizada a propósito de los 10 años del portentoso Movimiento.
Marcelo Torres es actualmente Secretario General del Partido del Trabajo de Colombia (Moirista).
Comisión de prensa y propaganda
JUVENTUD PATRIÓTICA (JUPA).
Organización del PTC
Enero 17 de 2006.
________________________________________
Revista Teorema (RT)
Resulta difícil señalar acontecimiento más controvertido en la historia de la universidad colombiana que el movimiento estudiantil de 1.971. Tal vez no se encuentre hasta hoy tramo de las luchas del estudiantado que suscite al mismo tiempo tan resueltas adhesiones y simpatías, por un lado, ni tan vitriólicos dicterios y condenas del otro. En el conflicto del 71 todos los partidos y fuerzas políticas del país, de una u otra forma, exteriorizaron su juicio sobre la universidad y la sociedad colombianas, abrazaron una de las posiciones en la lid entablada y mostraron su verdadera naturaleza en los momentos críticos de aquella. Por todo ello, a los diez años de aquellos hechos, TEOREMA ha entrevistado a Marcelo Torres, actualmente miembro de la dirección nacional del MOIR y quien fuera uno de los dirigentes del movimiento del 71.
RT: ¿ Qué causas originaron el movimiento estudiantil del 71?
Marcelo Torres (MT): Sin duda, el conjunto de problemas que aquejaban entonces al sistema universitario colombiano. Al comenzar el año de 1.971, en las universidades campeaba una manifiesta inconformidad. El aspecto principal residía en que estudiantes y profesores padecían el acentuado despotismo de los consejos superiores universitarios. A las universidades oficiales el déficit presupuestal crónico las mantenía al borde de la parálisis, mientras que las privadas proliferaban como nunca. En todas era ostensible que la poca investigación efectuada se hacía por cuenta y bajo los patrones de entidades extranjeras, casi siempre norteamericanas; la situación había exacerbado los ánimos del estudiantado. Lo anterior no ocurría al azar. Era el producto de la reorganización de todo el sistema educacional colombiano, de arriba abajo puesto en marcha por los gobiernos frentenacionalistas durante los años sesenta. La posguerra había traído la primacía yanqui sobre casi todo el planeta; por lo demás, ésta era ya vieja en el país. Sólo que ahora se hizo más completa profunda, abarcando todas las esferas de la vida social. Para Colombia, como para la casi totalidad de naciones de América Latina, la nueva era de neocolonialismo norteamericano significó, entre otras cosas, planes económicos, elevación del Estado al rango de primera potencia económica y, sobre todo, crecientes inversiones foráneas en la industria. Un tal Rudolph Atcon, autor de un "plan" que lleva su nombre sistematizó los ajustes del momento requeridos por la dominación norteamericana en el terreno educacional. Así, el Plan Básico para la educación superior en Colombia tradujo en leyes y decretos la reorganización de su sistema educativo y fijó las pautas para el contenido de la enseñanza. En esencia, el Plan no era más que el reforzamiento del gobierno antidemocrático en las universidades, la implantación de un régimen disciplinario contra estudiantes y profesores, el resuelto impulso a la educación privada al tiempo que se debilitaba la universidad pública, la adopción de reformas organizativas y académicas modernas y el control absoluto del gobierno sobre el contenido de los programas. Era la supresión definitiva de la autonomía universitaria.
RT: ¿ Lo que acaba de enumerar no entraña cierta contradicción ?
MT: En efecto. La reorganización de la universidad y de la educación reflejaba, en algún grado, los cambios de la base material del país a raíz de las nuevas y crecientes inversiones extranjeras principalmente controladas por los Estados Unidos; el fenómeno acentuó el desarrollo de un capitalismo de Estado agigantado. Todo ello terminó por introducir modificaciones en las aulas. El antiguo orden universitario se convirtió en la organización por departamentos y áreas, el sistema de créditos, los seminarios de investigación y los nuevos métodos de evaluación de los conocimientos; las carreras universitarias se diversificaron. En la medida en que traducían las nuevas transformaciones del país, los cambios configuraban un sistema más avanzado en comparación con la rancia estructura de las facultades que compartimentaban y limitaban el saber. Creo que muy pocos negarán que fue un progreso el que, el bachillerato de antaño, con sus aburridos sermones del padre Faría y su orientación eminentemente escolástica fuera modificado por la orientación de capacitar a los jóvenes para desempeñar tareas en las distintas actividades productivas. Marx decía que en los politécnicos estaba el "germen de la educación del porvenir". Pero, en violento contraste con las reformas modernizantes, la vieja autoridad del Estado, la más reciente de los grandes negocios y la multisecular de sotana fue reforzada en dirección de las universidades. En una palabra, la modernización no fue acompañada por la democracia para los universitarios, sino por el más odioso despotismo. Tanto más cuanto que las mencionadas reformas, los planes y programas académicos, la investigación y la antigua estructura de poder fueron adoptadas, realizadas o mantenidas bajo el dictado imperialista norteamericano, es decir, todo ello no sólo era antidemocrático sino también antinacional; lejos de poder parangonarse en cuanto a nivel científico las universidades, colombianas con las del Viejo Mundo y las norteamericanas, se hizo norma que la asimilación de los avances de la ciencia mundial se efectuara en nuestro medio con cuentagotas porque así convenía a los intereses estadinenses. Sobra decir que todo se hizo con la connivencia de los gobiernos liberal -conservadores de Colombia. Tal estado de cosas tenía que necesariamente conducir a la crisis de la universidad. A ello contribuyó el recrudecimiento de la lucha antiimperialista en toda América Latina y las batallas libradas en el país especialmente por obreros y campesinos en defensa de sus intereses. Atcon había advertido: "Si hay un poder estudiantil real, un solo estudiante solitario en el consejo de la universidad puede volver completamente inoperante el augusto cuerpo . . . es como tener un espía enemigo en una reunión del estado mayor". Pues bien, el movimiento del 71 logró más que eso: hizo añicos al "augusto cuerpo".
RT: ¿Puede hacer un recuento del desarrollo de los acontecimientos ?
MT: Desde luego. Todo empezó por el rechazo de los estudiantes de la Universidad del Valle al control ejercido sobre ésta por una entidad privada y por su exigencia de que el nombramiento del decano de una de sus facultades se hiciera en forma democrática. Ya a fines de 1.970 los estudiantes de la Universidad de Antioquía habían impugnado toda la estructura de poder de la institución y exigido la constitución de un gobierno democrático de profesores y estudiantes en remplazo del viejo consejo superior universitario. Pero el 26 de febrero de 1.971 el gobierno de Pastrana Borrero perpetró una espantosa carnicería contra el estudiantado y el pueblo de Cali y ese mismo día decretó el estado de sitio. Estaba anunciado un paro nacional obrero para el 8 de marzo; una oleada de invasiones campesinas sobre las tierras ociosas de los terratenientes avanzaba de norte a sur; un paro nacional de maestros se realizaba y un vigoroso movimiento estudiantil estaba en marcha. En tales condiciones resulta claro que la orden oficial de fuego contra los estudiantes y las masas caleñas debió estar decisivamente influida por el temor del gobierno de que todos estos movimientos juntaran sus fuerzas; fue voluntad del presidente Pastrana conjurar esa posibilidad mediante el terror. Lo que en la lógica de la tiranía de turno debía jugar el papel de escarmiento ejemplar, se convirtió en punto de partida de uno de los más memorables movimientos del estudiantado colombiano. No obstante que las balas oficiales cobraron alrededor de cincuenta víctimas en Cali, entre ellos el estudiante Edgar Mejía Vargas, las movilizaciones estudiantiles inundaron las calles de las principales ciudades y poblaciones del país pese a la violenta represión gubernamental. A partir del 16 de abril, fecha en que el ejército ocupó la Universidad Nacional, hasta mediados de junio, el gobierno incorporó en su haber la triste hazaña de ordenar el cierre de unas treinta universidades, acribillar a tiros varios manifestantes y encarcelar centenares y aún millares de estudiantes. La política del sable fue combinada con la demagogia; el ministro de educación e inclusive el mismo Pastrana Borrero anunciaron una pronta reforma universitaria y ordenaron la constitución de una tropilla de escribientes que la redactase a marchas forzadas, a espaldas de la comunidad universitaria. Nada de esto dio resultados; lejos de amainar, el motín arreció. El estudiantado desencadenó con ímpetu nunca visto su combatividad y su desprecio por el poderío enemigo. Intentar paralizar el movimiento fue para el gobierno, a pesar de que empleó todos los instrumentos de poder, una empresa tan vana como querer contener con las manos un torrente desbordado. Tan espléndida erupción de energía revolucionaria de la fuerza vital de la nación, su juventud, despertó las simpatías y el respaldo de lo más avanzado y consecuente de Colombia. El sindicalismo independiente apoyó resueltamente la rebeldía de los universitarios. La intelectualidad progresista saludó entusiasta la insurgencia juvenil que tan valerosamente desafiaba la ira de los opresores. Sólo las minorías retrógradas, todo lo podrido y desueto del país, clamaban furibundas por los peores castigos para los insubordinados y la subversión. Aliado natural en toda la batalla, el estudiantado de secundaria se destacó no sólo en los enfrentamientos callejeros de los grandes centros urbanos sino hasta en las poblaciones donde no había universidades; allí, sus beligerantes destacamentos constituyeron la prolongación natural de la lucha. Fuerzas hasta entonces vacilantes, como las del profesorado universitario, fueron en muchas partes arrastradas al combate, hicieron pronunciamientos apoyándolo y cumplieron importantes tareas. Los rectores, agrupados en un consejo nacional, atrapados entre las reconvenciones del gobierno y la marea del tumulto que les llegaba al cuello en sus universidades, se pronunciaron a finales de abril contra la represión oficial y el decreto que establecía drásticas penas para los estudiantes. Tan protuberante se volvió el conflicto, que los medios masivos de comunicación, oficiales y semioficiales, no tuvieron más remedio que reflejarlo a su manera. La gran prensa prorrumpió en ayes y lucubraciones quejumbrosas para descifrar lo que la represión armada no había podido detener. Se habló de la "crisis" en que se debatía la universidad colombiana. Toda suerte de sandeces fueron aducidas para explicarla y un sartal de emplastos invocado para remediarla. El resultado, pese a todo, fue el de colocar el problema universitario en el centro de la atención pública del país. Lo cierto era que el movimiento había ganado una audiencia nacional, indudablemente favorable. En general, muy resumido, este fue el primer tramo de lucha.
RT: ¿Cuáles fueron los objetivos del movimiento?
MT: Lo que se denominó el "programa mínimo". Fue aprobado por el segundo de los varios encuentros nacionales de estudiantes realizados aquel año, efectuado en Bogotá a mediados de marzo. Comprendía el conjunto de las reivindicaciones claves de estudiantes y profesores en la universidad. En realidad constituye las bases de una reforma democrática de la misma. Su primero y más importante punto exigía la abolición de los viejos consejos superiores universitarios y su reemplazo por nuevos organismos de gobierno en los cuajes quedaba eliminada toda participación de los sectores privados extrauniversitarios y de la curia; tres estudiantes y tres profesores, en cambio, constituirían las dos terceras parte de la totalidad de sus integrantes. La importancia de tal reivindicación estriba en que lo fundamental de la democracia en la enseñanza, la libertad de cátedra y de investigación, es letra muerta mientras que los sectores mayoritarios de la universidad no la gobiernen. Se planteaba, asimismo, que los representantes del estudiantado y del profesorado fuesen elegidos democráticamente, lo mismo que el resto de las autoridades universitarias (decanos, directores, etc.,). Otros puntos demandaban que el gobierno cubriese el déficit de las universidades, congelara las matrículas y asignase, como mínimo, el 15% del presupuesto de educación para la Universidad Nacional. Lugar destacado ocupaba la financiación estatal de toda la educación superior, la supresión del ICFES, el desarrollo de la investigación científica al servicio de la nación y la revisión de todos los contratos de las universidades con entidades extranjeras. De modo categórico se incluía el derecho de los estudiantes, tanto universitarios como de secundaria, a conformar organizaciones gremiales autónomas. Por último, como objetivos particulares;el retiro del rector de la Universidad del Valle, Ocampo Londoño, y de la entidad privada que controlaba dicha universidad, así como la reapertura de la facultad de sociología de la Javeriana. El programa mínimo del 71, en la medida en que está dirigido contra la injerencia imperialista norteamericana en la educación, en que repudia el régimen despótico impuesto en ella por los gobiernos liberal-conservadores y las fuerzas más retardatarias de nuestra sociedad, y, en tanto persigue transformaciones democráticas sustanciales de la vida universitaria, mantiene toda su vigencia como programa de lucha del estudiantado colombiano.
RT:¿ De quiénes partió la idea de proponer el "programa mínimo" como objetivo de la lucha?
MT: El "programa mínimo" era un reflejo de la crítica situación del sistema universitario en su conjunto y de la posición revolucionaria con que había que afrontarla. En un principio todos los grupos políticos que participaban en el organismo de dirección nacional del movimiento lo aprobaron. Pero en cuanto la lucha exigió un mayor grado de consecuencia con los intereses de las masas estudiantiles, la JUCO organización prosoviética, y los trotskistas, prácticamente renegaron del programa. Arguyeron que incluso con la obtención del cogobierno de estudiantes y profesores sería imposible transformar nada en la universidad; en la educación, decían, no pueden ocurrir cambios revolucionarios antes del triunfo de la revolución.
RT: ¿ Pero no planteó usted una tesis similar, en abril del 71, en un discurso ante el consejo nacional de rectores ?
MT: Para la Juventud Patriótica, organización juvenil del MOIR, como para el conjunto del movimiento revolucionario contemporáneo de Colombia la cuestión de si eran o no posibles las transformaciones revolucionarias en la educación y la cultura antes de culminada la revolución, planteada en el curso de un gran movimiento de masas por primera vez, era un problema teórico y práctico nuevo. La mayoría de la izquierda se lanzó por el camino fácil pero errado que llevaba a concluir que tales cambios eran irrealizables. Mi discurso ante el consejo nacional de rectores, aunque contribuyó a la difusión nacional del programa mínimo y a denunciar las tropelías de la soldadesca oficial contra el estudiantado, adoleció de graves limitaciones: repetía el criterio mecanicista de que mientras no cambiara el régimen social no cambiaría la educación y confundía la democracia por la que luchan los obreros y campesinos con el sistema democrático-burgués. Fue Francisco Mosquera, el máximo dirigente del MOIR, sobre la base de la rica experiencia que se desarrollaba ante nuestros ojos, quien señaló el enfoque correcto del programa. A través de una serie de fructíferas discusiones abrió paso a la tesis marxista-leninista consistente en que a toda gran revolución social la antecede una profunda revolución en la cultura. Hacia mayo todos estábamos unificados ya alrededor de la nueva posición. Centenares de asambleas, miles de mítines, varios encuentros nacionales e innumerables reuniones más de masas fueron escenario, en todo el país, de apasionados debates sobre el asunto. Por doquier la Juventud Patriótica refutó la absurda afirmación trotskista según la cual los profesores y estudiantes no son más que "meros reproductores" de la ideología de las clases dominantes. Sostener que la cultura de las clases oligárquicas en el poder es invulnerable e invencible -replicamos- equivale, ni más ni menos, a hacer su apología. Toda clase opresora necesita -nos recuerda Lenin- del cura y del verdugo; pero si los esclavos modernos no empiezan por sacudirse la vieja denominación espiritual de sus explotadores -advertíamos nosotros en la polémica- cómo podrán echar por tierra su dominación política y económica? De todas las instituciones de la neo-colonial y semifeudal sociedad colombiana, como en cualquier otro tipo de sociedad, la universidad es talvez la más vulnerable, aquella es en la cual el poder de las clases dominantes es más frágil y más susceptible de ser tempranamente quebrantado. La razón es simple: es ella el escenario por excelencia del choque universal entre todas las ideologías, entre las concepciones del mundo de todas las clases sociales. Por asfixiante que sea el dogal de la antidemocracia en la enseñanza, el viento fresco de la rebelión contra los viejos dogmas y el oscurantismo, contra el servilismo frente a la opresión imperialista norteamericana, termina generalizándose entre estudiantes y profesores. Fue precisamente lo que ocurrió en 1.971. Tal crisis de la vieja educación y de la vieja cultura burgués-terrateniente, proimperialista, generó un potente movimiento de masas en el cual afloraba la nueva cultura revolucionaria
del país.
RT: ¿Esta cultura revolucionaria es la socialista, el marxismo ?
MT: No exclusivamente. La base social de ella son las clases sociales revolucionarias de Colombia: el proletariado, el campesinado, la pequeña burguesía y la burguesía nacional. Es decir, se trata de una cultura compuesta por la ideología de varias clases- sociales, las necesarias para el desarrollo nacional, y no únicamente de la cultura de la clase obrera, el socialismo. Todas estas ideologías se expresaron en el movimiento estudiantil del 71, como en general en el resto de los movimientos de masas. En cuanto los intereses generales de estas clases chocan con el dominio imperialista sobre la nación y con el régimen terrateniente, sus ideologías son suceptibles de aliarse y de conformar, en su conjunto, una cultura de nuevo tipo. Sin embargo, la consecuencia en la lucha hasta el final sólo estará asegurada si la cultura socialista proletaria logra ocupar el puesto de comando. Eso ocurrió en el movimiento del 71; debido a ello la dirección fue acertada, la correlación de fuerzas correctamente apreciada, y el estudiantado pudo arrancar al régimen de Pastrana memorables conquistas.
RT: ¿Cuáles fueron sus experiencias más importantes como partícipe de la dirección del movimiento?
MT: Realmente lo más importante fueron las contradicciones habidas entre los distintos grupos políticos participes en la dirección de la lucha en torno a un problema decisivo: la línea táctica a seguir en los momentos cruciales del conflicto. El gobierno creía que con el cierre de tantas universidades, al bloquear los centros de concentración de las masas estudiantiles, provocaría el cese de la lucha por la dispersión de los estudiantes y el retorno sumiso a clases de un movimiento en derrota. Esta creencia no la profesaba sólo el gobierno; encontró denodados defensores en ciertos sectores políticos. El Partido Comunista prosoviético –al que la rebeldía de la juventud de los años sesenta apellidó para siempre "mamerto"- publicó en su prensa, en abril y mayo, varios artículos y resoluciones exhortando al estudiantado a retornar a clases. Los mamertos sostenían que el gobierno tenía la iniciativa y que el movimiento estaba en repliegue; la dispersión, afirmaban, sólo podía superarse aceptando la reapertura de las universidades dispuesta por el gobierno. Alegaban que la actitud del gobierno era negociar, luego el estudiantado no debía "acorralarlo" sino desplegar una gran "ductilidad", retornar a las universidades y reagruparse. De esta posición, que se conoció como la del "reagrupamiento", se hicieron voceros la Juventud Comunista (JUCO) prosoviética y los trotskistas. El MOIR y su organización juvenil, la Juventud Patriótica (JUPA), adoptaron la posición diametralmente opuesta. Sostuvimos que la reapertura de las universidades sólo podía aceptarse siempre que el gobierno cumpliese la exigencia de sustituir los viejos consejos superiores por el cogobierno de estudiantes y profesores. Quienes llamaban a clases sólo veían soldados y policías por todas partes. Eran ciegos ante las oleadas de jóvenes que sólo se dispersaban para reagruparse y volver a contraatacar. No consideraban sino la acción del enemigo, no tenían en cuenta la acción real, innegable, aguerrida, de las masas estudiantiles. Estas desafiaban luchando la dura represión sin desfallecer; la dirección nacional del movimiento no podía, por consiguiente, tocar a retirada cuando el espíritu de lucha del estudiantado proseguía en ascenso, cuando el gobierno hablaba de rendición, no de negociación. Nuestra posición fue resumida en el primer número del órgano del MOIR, "Tribuna Roja", en Julio de 1.971. Los encontrados puntos de vista llevaron, inevitablemente, a la división de la dirección del movimiento; ésta se protocolizó en un tormentoso y prolongado encuentro nacional de estudiantes realizado en la segunda quincena de mayo. La suerte estaba echada; si el mamertismo y el trotskismo hubieran tenido la razón, la lucha habría cedido en unas pocas semanas y el retorno a clases habría sido irrefrenable. Felizmente, sucedió lo contrario. La Universidad de Antioquia es cerrada el 22 de abril, el 14 de junio es reabierta por el gobierno pero ese mismo día una asamblea estudiantil aprueba la continuidad del paro; el cierre de la Universidad de Tunja se produjo también el 22 de abril, la reapertura el 22 de junio pero ya hacia el 13 de julio el paro es total; La Universidad de Nariño entró en vacaciones forzosas el 28 de abril y el gobierno llamó a clases el 14 de junio, pero el primero de julio tuvo que ocuparla militarmente; situación similar se presentó en muchas otras universidades: del Cauca, de Manizales, del Atlántico, Pedagógica, de Medellín etc. Incluso donde el control -militar fue más feroz y permanente, en las universidades de Cartagena e Industrial
de Santander, los estudiantes lucharon incansablemente, hasta muy avanzado el segundo semestre. En julio, el gobierno presentó su proyecto de reforma universitaria al Congreso; ya desde el 25 de junio había dictado un decreto que los estudiantes bautizaron como el de los "rectores policías" pues les atribuía poderes discrecionales para ejercer la más arbitraria represión en los claustros. Era claro que el gobierno no controlaba la situación: el cierre de las universidades había instalado la agitación permanente en las calles y la reapertura de las mismas era casi inmediatamente rechazada por los estudiantes. Los viejos consejos superiores empezaron a desmoronarse de hecho; los re- presentantes de las apolilladas academias oficiales no volvieron; la iglesia anunció públicamente su retiro el 12 de agosto. Las dificultades crecían en las filas del gobierno; el grueso de los rectores se había negado a Servirle de ariete a su política represiva. Ello decidió a Pastrana a cancelar el congreso nacional universitario anunciado para mediados de año. El ministro de educación Luis Carlos Galán, cuya estulticia sólo era superada por su demagogia, no paró de cometer un error tras otro: en marzo, durante las conversaciones que sostuvo con él la dirección del movimiento, el buen hombre creyó que bastaría su interminable charlatanería sobre la educación rural para que las movilizaciones cesaran por cansancio; en julio, durante la presentación de las posiciones de estudiantes y profesores sobre la reforma universitaria en la comisión quinta del Senado, tuvo el candor de aspirar a convencerlos de las bondades de la reforma del gobierno logrando sólo convertirse en blanco de sus justas iras; en la misma ocasión aculó a los profesores de ser los responsables de las "corruptelas" malversadoras de los fondos de la Universidad Nacional. Lógicamente, el profesorado reaccionó ante la injusta ofensa polarizándose en masa hacia las posiciones del estudiantado. Desde agosto, una parte de la gran prensa inició una andanada de críticas contra la deplorable gestión del ministro. El 16 del mismo mes fue reabierta la Universidad Nacional; con el reinicio de las clases sólo estaban de acuerdo el gobierno, un grupito de derecha del Opus Dei y la JUCO. La normalidad académica, lejos de restablecerse, cedió el paso aun repudio generalizado del nuevo fantoche colocado por Pastrana Borrero en la rectoría, Santiago Fonseca, cuya expulsión ignominiosa del campus realizó una rugiente multitud de estudiantes el 23 de septiembre. El órgano del Partido Comunista vociferó que la acción había sido instigada por elementos del DAS; en los días siguientes el mismo periódico, "Voz" mamerta, ardió en hogueras prendidas por mítines estudiantiles. Tras nueve meses, el movimiento alcanzaba un nuevo clímax. Una nueva oleada de manifestaciones y enfrentamientos callejeros recorrió el país. Los más violentos tuvieron lugar en Medellín y Barranquilla. Otro encuentro nacional, el séptimo de este convulsionado año, sesionó en predios de la Ciudad Universitaria de Bogotá y acordó jornadas nacionales de solidaridad con la Nacional. Desmintiendo la especie de que la lucha había sido instigada por "minorías subversivas"-expresión que Pastrana Borrero copió servilmente de Nixon-, lo cierto para la opinión pública era el hecho de qué había tomado posición, frente al gobierno y contra él, toda la universidad. El aislamiento de los rectores policías en las Universidades Nacional y de Antioquía era total. A ojos vista, no era cosa buena para la estabilidad de un gobierno de origen ostensiblemente fraudulento, que mucho antes de cumplir su primer año había reimplantado el estado de sitio y dado muestras de su celo en la preservación del orden oligárquico, la permanencia de un conflicto como el universitario. Que, lejos de inclinar la cabeza manifestaba nuevos y redoblados bríos, insospechables en un movimiento que llevaba ya casi un año. El interés más general del régimen bien valía la adopción - eminentemente temporal, desde luego de una política de transacción con los revoltosos. Así, en la última semana de septiembre surgió en el gobierno la idea de transar con el estudiantado a través de una comisión de notables de los círculos académicos. Más de 20 días después de intrincadas negociaciones entre los representantes del gobierno y los de los estudiantes, se produjo el acuerdo. El 23 de octubre fue expedido el decreto oficial que constituía el nuevo gobierno universitario. Exceptuando al gobierno, en el nuevo consejo superior de la Universidad Nacional fue suprimida la participación de todos los sectores extrauniversitarios. Se componía del ministro de educación o el rector, cuatro decanos, dos estudiantes, dos profesores y un exalumno. Las elecciones de los representantes estudiantiles se realizaron a mediados de noviembre. El MOIR y la Juventud Patriótica habían señalado la conveniencia de la negociación con el gobierno puesto que en esta ocasión sí existían condiciones para ello; el éxito de la misma había corroborado el acierto de esta orientación. Los candidatos de la organización estudiantil, Uriel Ramírez y Juan José Arango, dirigentes de la JUPA, obtuvieron alrededor de 5.000 votos, la mayor votación, saliendo elegidos al nuevo consejo superior. Los mamertos, por su parte, apenas obtuvieron la misma votación que el grupito del Opus Dei: unos 800 votos. El veredicto del estudiantado sobre las fuerzas políticas fue más elocuente y rotundo que todas las especulaciones e infundios del gobierno, el mamertismo y el trotskismo. A fin de año, los estudiantes de la Universidad de Antioquía arrancaron al gobierno un acuerdo similar al de ja Nacional. El nuevo consejo superior se constituyó en esa universidad a comienzos de 1.972. Allí, también los dos representantes del estudiantado al cogobierno, elegidos por una gran votación, eran miembros de la JUPA; uno de ellos, el presidente del consejo estudiantil, Amílcar Acosta. Por muchos conceptos, el movimiento del 71 es un modelo vivo, una lección vigente, de táctica revolucionaria. La doble conquista del cogobiemo en las universidades Nacional y de Antioquía fue una histórica victoria de la juventud y el pueblo.
RT: Pero ambos fueron suprimidos por el gobierno de Pastrana Borrero muy pronto, antes de terminarse el primer semestre de 1.972; ¿Cómo puede explicar tal tropiezo?
MT: El primer factor que explica aquel descalabro era el estado de confusión y de desorganización reinantes entre el estudiantado. A ello contribuyeron decisivamente el mamertismo y las secta extremoizquierdistas coligados quienes atacaron al cogobierno tanto como el propio régimen. De otra parte, estos mismos grupos, desataron contra el MOIR y la Juventud Patriótica una feroz campaña, por que tomamos la decisión de participar en la lucha electoral; sus ataques calaron principalmente en las universidades por lo generalizado de los prejuicios abstencionistas en la masa estudiantil. Hoy sonreímos viendo cómo varios de nuestros más acerbos críticos de entonces –quienes nos acusaron de "traición al movimiento juvenil y a la revolución"-han ido a parar en deplorable estado al regazo de viejos maestros liberales como Gerardo Molina o simplemente engordan las filas de la burocracia oficial más obsecuente. El cogobierno sucumbió así entre el fuego cruzado del gobierno, que propalaba la inmadurez y la falta de preparación de los "revoltosos" para ejercer la dirección de la universidad, y de la JUCO y el ultraizquierdismo de otra parte, que lo tildaron de burocrático y reformista. En su efímera vida, no obstante, el cogobiemo dejó la impronta indeleble de la revolución en los anales del manejo de la universidad colombiana. Los consejos superiores universitarios de las universidades Nacional y de Antioquía aprobaron por mayoría el repudio a la reforma universitaria del gobierno de Pastrana cuyo proyecto de ley cursaba en el Congreso. También por mayoría suspendieron la vigencia de los contrato de las dos universidades con entidades extranjeras como el BID. Los mismos consejos aumentaron el presupuesto de sus respectivas universidades, ampliaron el cupo de matrículas, mejoraron el bienestar estudiantil, reintegraron estudiantes y profesores expulsados y destituídos por su posición de lucha y promovieron el nombramiento democrático de decanos y directores de departamento. Existe acaso mejor precedente de autonomía universitaria, de cejo por la democracia en la educación y por el interés nacional ?. El cogobiemo sólo tuvo tiempo de realizar una labor preparatoria y allanar algunos obstáculos. No pudo ni siquiera empezar su papel más importante como instrumento de la revolución: la tarea de determinar el contenido de la enseñanza, función clave que siempre ha retenido el Estado oligáquico. La supresión del cogobiemo conquistado por esa lucha no demuestra, como algunos dicen, la inutilidad de esa reivindicación. Lo único que corrobora una vez más es que el mantenimiento de las conquistas revolucionarias dependerá siempre de que las masas se movilicen a defenderlas.
RT: ¿Cuál es Su opinión sobre la situación del movimiento estudiantil colombiano en la actualidad ?
MT: Varias cosas podrían responderse sobre esa pregunta; bástenos por ahora con lo siguiente: el reflujo de años que caracteriza a este sector de masas, manifestado en la carencia de organización nacional, en el adocenamiento e inclusive en el apoliticismo y la difusión de las antiguallas liberales, data de cuando el Partido Comunista respaldó el gobierno de López; en la universidad ello tuvo su expresión en el apoyo que promovieron los mamertos en torno al rector "marxista" Luis Carlos Pérez. Este reflujo, como el del movimiento popular en su conjunto, no será eterno. La juventud estudiosa del país proseguirá su marcha revolucionaria por la brecha abierta por el movimiento estudiantil del 71.
El movimiento estudiantil de 1971 en Colombia
El Movimiento Estudiantil de 1971 representa la mayor movilización de estudiantes en la historia de Colombia. Las protestas se iniciaron desde el mes de enero con la manifestación de estudiantes de la Universidad del Cauca (Popayán). Sin embargo, el acontecimiento más importante se dio el 7 de febrero con el comienzo de una huelga de estudiantes en la Universidad del Valle, quienes exigían la renuncia del rector y la eliminación de los representantes del sector privado y la Iglesia en el consejo superior universitario –máximo órgano rector– y rechazaban las condiciones de los créditos otorgados por entidades internacionales a las instituciones educativas. La protesta del 26 de febrero fue sangrientamente reprimida por el ejército, los enfrentamientos dejaron un saldo de más de 20 muertos. De inmediato el gobierno declaró, por medio del decreto 250, el estado de sitio en todo el país4.
El 1 de marzo los estudiantes de la Universidad Nacional, la principal del país, acordaron la realización de un paro en solidaridad con los estudiantes de la Universidad del Valle, momento a partir del cual se iniciaron las marchas y los enfrentamientos entre estudiantes y fuerza pública. El gobierno respondió decretando el toque de queda en Cali (3 de marzo), Medellín y Popayán (4 de marzo) y Bucaramanga (abril 16) y amenazando con penas de 30 a 180 ochenta días de arresto a las personas que desobedecieran la ley o promovieran el cese de actividades académicas5. A pesar de la represión, los estudiantes realizaron sus manifestaciones en Bogotá, Medellín, Cali, Armenia y Popayán 6.
Reabiertas las universidades, los estudiantes efectuaron asambleas que decidieron mantener la lucha, razón por la cual los estudiantes la Universidad Nacional decretaron el 24 de marzo un paro y bloqueo administrativo de la universidad y la expulsión del rector Diego López Arango en protesta por la actitud dilatoria del gobierno con respecto a la reestructuración de la universidad. A partir de este momento se iniciaron una serie de tomas de las instituciones que se repitieron en los meses siguientes7.
El gobierno, además de la represión militar y las expulsiones y detenciones8, expidió, desde el mes de abril, decretos con el fin de restablecer “el orden público universitario” (decretos 580 y 581), y respaldó las posiciones de grupos de estudiantes que pedían la desmovilización. Como si fuera poco, el Ministro de Defensa, Hernando Correa Cubides, sindicó públicamente a Marcelo Torres, Leonardo Posada y Morris Ackerman como los principales agitadores y señaló que el propósito fundamental de las reivindicaciones propuestas era entorpecer la realización de los Juegos Panamericanos y el secuestro de los extranjeros que vendrían a competir9. A la vez que se amenazó con el servicio militar obligatorio a los estudiantes que habían sido expulsados o aquellos que se negaran a reintegrarse a las actividades académicas.
Un hecho fundamental del movimiento estudiantil de 1971, que marca la diferencia con cualquier otra movilización de estudiantes del siglo XX, fue la elaboración del denominado Programa Mínimo del Movimiento Nacional Estudiantil, que comenzó a perfilarse a partir del II Encuentro Nacional Universitario, realizado en Bogotá entre marzo 13 y 14, dado a conocer el 25 del mismo mes y ratificado en el III Encuentro Nacional Universitario, que sesionó en Palmira el 14 el abril10. Este documento constituyó la base para la reestructuración de la universidad. Era la síntesis de las aspiraciones políticas y educativas de los estudiantes. El programa Mínimo constaba de seis puntos:
1-Abolición de los Consejos Superiores Universitarios, en los cuales tenían representación los gremios y el clero, y sustitución por un organismo conformado por tres estudiantes, tres profesores, el rector (sin voto) y un representante del Ministerio de Educación.
Conformación de una comisión (tres estudiantes, tres profesores y un representante del Ministerio de Educación) para estudiar un proyecto de Ley Orgánica de las Universidades.
Establecimiento de un sistema democrático para la elección de autoridades universitarias en los establecimientos públicos y privados.
2-Cumplimiento de la asignación del 15 por ciento como mínimo del presupuesto total de educación para la Universidad Nacional. Además control oficial para las universidades privadas, congelación de matrículas y suspensión de las cláusulas lesivas a la nación colombiana contenidas en los contratos de las universidades con agencias internacionales.
3-Conformación inmediata de una comisión (tres estudiantes, tres maestros y un representante del Ministerio de Educación) que debía estudiar el carácter rector de la Universidad Nacional en la educación superior, liquidación del Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior (ICFES)11, financiación estatal y adecuada de la educación superior, investigación científica financiada exclusivamente por la nación y planificada por investigadores nacionales, revisión de todos los contratos celebrados con entidades extranjeras. El informe debería ser aprobado previamente por un Encuentro Nacional Universitario y puesto en marcha por el gobierno.
4-Retiro definitivo de la Universidad del Valle y ruptura con la Fundación para la Educación Superior (FES).12
5-Legalización del derecho a crear organizaciones gremiales en cualquier tipo de establecimiento educativo.
6-Reapertura de la Facultad de Sociología de la Universidad Javeriana13.
El objetivo central del Movimiento se obtuvo el 23 de octubre en la Universidad Nacional en Bogotá14 y a fin del año en la Universidad de Antioquia15. Se trataba de la exigencia de relevar los antidemocráticos consejos superiores universitarios por el cogobierno. La fórmula adoptada fue la creación de un Consejo Provisional Universitario conformado por el ministro de educación o el rector, cuatro decanos, dos estudiantes, dos profesores y un ex alumno. Exceptuando al gobierno, en los nuevos consejos fue suprimida la participación de todos los sectores extrauniversitarios.
El Movimiento Estudiantil de 1971 logró un triunfo sin antecedentes en la historia nacional. Ello se explica, en primer lugar, por la comprensión que se tenía sobre la determinante injerencia de los organismos internacionales, especialmente de Estados Unidos, en el diseño de la política educativa nacional, a través de los consejos superiores universitarios16. En segundo lugar, por la elaboración de una propuesta de reforma y de gobierno universitarios, sintetizadas en el Programa Mínimo, fruto de intensas discusiones ideológicas, en medio de un gigantesco movimiento de masas y de una brutal represión del gobierno.
Para los diversos sectores de izquierda fue un problema teórico y práctico completamente nuevo reflexionar sobre la posibilidad de luchar por transformaciones sustanciales en la universidad y en su gobierno, antes de la revolución política y económica. La reflexión sobre aspectos generales de la ciencia y la cultura llevó al análisis sobre la naturaleza de la sociedad colombiana, el carácter de la revolución y de la sociedad que requería Colombia, por ejemplo de Nueva Democracia desarrollada por Mao Tse Tung o Socialista, de acuerdo con los Troskistas, como también, la relación entre la base material y el conjunto de asuntos que hacen parte de la superestructura, tales como el poder político, la ideología, la educación y la cultura.
Dos grandes posiciones teóricas y políticas predominaron en el movimiento estudiantil. Una de ellas partía del presupuesto de que la universidad es un aparato ideológico del Estado, por lo “...que es imposible modificar su naturaleza de clase... una revolución en Colombia tiene que plantearse en su estrategia su inevitable destrucción en el mismo sentido en que es válido para todo el aparato del Estado”17. Según esta razón, el cogobierno era imposible y constituía una consigna reformista que implicaba “...fortalecer y perfeccionar la universidad burguesa...” y además calificaba la autonomía como “un mito liberal”18.
Una segunda posición caracterizó como “...criterio mecanicista (aquello) de que mientras no cambiara el régimen social no cambiaría la educación”19 y acudió a “...la tesis marxista-leninista consistente en que a toda gran revolución social la antecede una profunda revolución en la cultura. De manera que sí eran posibles las transformaciones revolucionarias en la educación y la cultura antes de culminada la revolución”20. En consecuencia, era posible que la institución educativa en su conjunto se insubordinara contra el establecimiento y, al acompañarse de un movimiento de masas de las dimensiones del que se vivía, asumiera la dirección de las universidades.
Esta discusión programática también tomó la forma de un debate sobre la apreciación de la correlación de fuerzas durante el V Encuentro Nacional, desarrollado entre el 18 y 25 de mayo. Para abril, de una población de 70.000 estudiantes21, 60.000 estaban ausentes de las aulas22; lo que significaba que todas las universidades públicas estaban cerradas, al igual que algunas privadas, por lo que el gobierno propuso su reapertura condicionada al levantamiento del movimiento.
Las fuerzas estudiantiles que afirmaban la imposibilidad del cogobierno señalaron que la clausura de las universidades y la violenta represión, dispersaba y hacía más difícil la movilización, por lo que sostuvieron la tesis del reagrupamiento y, en consecuencia, conceptuaron que la prioridad era la reapertura de las universidades y que la forma dependía de las condiciones en cada una de ellas “...en algunas sería el paro indefinido luego de la reapertura, en otras el escalonado o la asamblea permanente, pero en otras más era indispensable aceptar las clases y programar tareas como paros, mítines, foros, etc”. 23 Desde luego, la reapertura no pasaba por la condición de establecer el cogobierno, la exigían sin sanciones: “la derogatoria de los decretos 580 y 581 y la inmediata libertad de los estudiantes detenidos y el cese de toda represión académica y política”24.
De otro lado, quienes defendían el cogobierno partieron del hecho de que el movimiento estaba en alza y que pese al cierre y a la represión, las movilizaciones sucedían todos los días25, por lo que, afirmaron, la reapertura de las universidades sólo podía aceptarse siempre que el gobierno cumpliese la exigencia de sustituir los viejos consejos superiores por el cogobierno de estudiantes y profesores26.
El VI Encuentro Estudiantil, realizado en Medellín el 3 junio, de manera mayoritaria reiteró el cogobierno como la principal reivindicación del movimiento y profundizó en los puntos del Programa Mínimo, aprobando lo que denominaron la Plataforma de Reforma Universitaria27. A la vez, el Comité de Huelga de la Universidad del Valle, la tercera en importancia del país, levantó de manera alternativa en agosto, el Programa Reivindicativo28.
La Plataforma de Reforma Universitaria, aprobada por el VI Encuentro, además de lo ya anotado, significó un nuevo esfuerzo para precisar la propuesta sobre el funcionamiento de la universidad y, en segundo lugar, el sistema educativo nacional. Se definió que el gobierno de la universidad debía estar integrado por 1 decano, 2 profesores, 3 estudiantes, el rector y el secretario general. Los dos últimos sin voto. A la vez que se crearía el Consejo Directivo, conformado por los jefes de las unidades docentes y académicas de mayor jerarquía, como facultades, divisiones, etc.; 3 profesores, 3 estudiantes, el rector, el jefe de la dirección administrativa y el secretario general de la respectiva Universidad. Los dos últimos integrantes sin voto. La Plataforma especificó los mecanismos democráticos de elección y estableció las funciones fundamentales del Consejo Directivo las cuales se referían fundamentalmente a la determinación del rumbo académico de las instituciones.
Para el segundo aspecto, se propuso la supresión del ICFES y su reemplazo por un organismo rector de la educación superior, conformado por las universidades, con una junta directiva constituida por el Ministro o su representante, 4 rectores de universidades públicas elegidos por el Consejo Nacional de Rectores, 3 profesores y tres estudiantes, todos de universidades oficiales. Organismos como Colciencias, encargado del fomento de la investigación, y el ICETEX, entidad que estimula la formación de estudios en el exterior, le serían adscritos.
En materia de financiación, el VI Encuentro acordó como exigencia la nacionalización de la educación superior en su conjunto, adecuado presupuesto para su funcionamiento, atención a la totalidad de la demanda de egresados de secundaria y el establecimiento de un control financiero de las instituciones privadas. Sobre la investigación señalaron los estudiantes que debía ser dirigida y planeada con criterios e investigadores nacionales. Finalmente, el Encuentro hizo una defensa al derecho de organización de todos los sectores de la población y de los estamentos universitarios29.
El Comité de huelga de la Universidad del Valle, que se oponía al cogobierno, ambientó, después del VI Encuentro, el Programa Reivindicativo, el cual se basó en el rechazo a la reforma educativa propuesta por el gobierno y el impulso a los Comités Paritarios de División y procesos democráticos de elección de directivas y profesores, lo que fue formalmente expresado en enero de 197230.
Este hecho era parte de importantes diferencias en torno a la manera de entender las prioridades, los programas y las formas de lucha de los estudiantes. La disolución del organismo nacional de dirección del Movimiento, el Consejo Nacional de Solidaridad y, la posterior presentación programática alterna en la Universidad del Valle, evidenció públicamente la división. Cuál sector político tendría la razón sobre la orientación del movimiento, los hechos por venir se encargaron de precisar este aspecto.
Entre tanto el gobierno comenzó a reabrir las universidades, aunque a la larga fracasó en su política de lograr normalidad. La Universidad de Antioquia fue cerrada el 22 de abril, el 14 de junio es reabierta por el gobierno pero ese mismo día una asamblea estudiantil aprueba la continuidad del paro; el cierre de la Universidad de Tunja se produjo también el 22 de abril, la reapertura el 22 de junio pero ya hacia el 13 de julio el paro es total. La Universidad de Nariño entró en vacaciones forzosas el 28 de abril y el gobierno llamó a clases el 14 de junio, pero el primero de julio tuvo que ocuparla militarmente; situación similar se presentó en muchas otras universidades: del Cauca, de Manizales, del Atlántico, Pedagógica, de Medellín etc. Incluso donde el control -militar fue más feroz y permanente, en las universidades de Cartagena e Industrial de Santander, los estudiantes lucharon incansablemente, hasta muy avanzado el segundo semestre31.
En las universidades privadas tampoco hubo calma, ni siquiera en las de élite. A la ya permanente participación de la U. Gran Colombia, se sumaron los profesores de la universidad de los Andes que entraron en conflicto con la dirección por asuntos propios de la democracia universitaria32; a la vez que las directivas de la universidad de Santo Tomás expulsaron a 25 alumnos33 y el Consejo Superior Estudiantil de la U. de la Salle, condenó la ocupación militar de las universidades, mantuvo un estado de agitación permanente y decretó un paro de solidaridad de 24 horas34.
Ante la posición firme del estudiantado de mantener el movimiento a nivel nacional y no aceptar la exigencia de la normalidad como requisito para discutir una nueva reforma, el gobierno profundizó la represión. El 25 de junio, expidió el Decreto 1259, con el cual se le otorgaron al rector las facultades, que antes tenían todas las demás autoridades universitarias, especialmente las disciplinarias; los estudiantes bautizaron el decreto como el de los rectores policías. La nueva norma fue presentada a la opinión pública como la solución al problema universitario, la arbitrariedad de los rectores fue denominada como autonomía, actitud que fue respaldada por los editoriales de la gran prensa35.
Hubo militarización de la universidad de Antioquia, salón por salón, por lo cual el Consejo Superior Estudiantil ejerció desde la clandestinidad. Y aunque después del V Encuentro, el Comité de Solidaridad no funcionaba unificadamente seguían los mítines y la movilización36.
En la Universidad Nacional, que fue reabierta el 16 de agosto, el gobierno nombró a Santiago Fonseca, de una trayectoria de ejercicio antidemocrático bastante reconocida, y quien expulsa a los dirigentes estudiantiles, destituye profesores, a la vez que anuncia el desmonte del bienestar universitario y de admisiones. Ello generó un mayor apoyo de los trabajadores y los estudiantes quienes realizaron un juicio a las ejecutorias del rector, con un plebiscito que contó con 34.000 votos (17.000 en Bogotá y 15.000 de las demás seccionales) y, cuya “sentencia” fue, el 23 de septiembre, la expulsión del rector y de algunos de sus inmediatos colaboradores del campus37.
Además, el gobierno nacional, expidió los decretos 1988 y 1989 de 1971, que modificaron el Código Penal, con el medidas draconianas sobre el orden público38. Inmediatamente, el Alcalde Mayor de Bogotá ordenó nuevamente el arresto de Marcelo Torres, esta vez inconmutable y por 180 días, el más importante líder estudiantil y principal defensor en el Comité Nacional de Solidaridad de levantar el Paro sólo sí se aceptaba el Cogobierno39.
La táctica de la represión y de intransigencia adoptada por el gobierno entró en una etapa de crisis. En primer lugar, debido a la firmeza estudiantil. Las dos universidades más importantes del país reportan nuevamente parálisis completa desde la última semana de septiembre. A lo largo de octubre, a través de asambleas generales reiteraron tanto la orden de paro como las exigencias para levantarlo: retiro inmediato de la fuerza pública y del rector Santiago Fonseca en la Universidad Nacional y William Rojas Montoya de la U. de Antioquia, levantamiento de sanciones a estudiantes y profesores, derogatoria del decreto 1259, libertad de los detenidos y la participación democrática de los estudiantes y profesores en el gobierno de la universidad40.
En segundo lugar, la política del gobierno nacional sumada a la torpeza del Ministro de Educación y de los rectores hizo agua. El profesorado de manera unificada, es decir, los Claustros de Profesores, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU) y la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional (APUN), aprobaron el 13 de agosto un proyecto de ley, de 6 capítulos, que coincidía en lo esencial con la Plataforma del VI Encuentro Estudiantil y con los criterios expuestos por la Asamblea de Claustros el 2 de Marzo de 1971. También de manera unánime condenaron el Decreto 125941. Pero un mayor grado de radicalización generaron las destituciones de docentes y las afirmaciones del Ministro de Educación ante el Senado de la República, según las cuales los maestros tenían responsabilidad en las irregularidades administrativas y en las dificultades presupuestales. El Secretario del Comité Coordinador de los Claustros puntualizó que “con la vigencia del decreto 1259, la crisis universitaria entró en una fase definitiva caracterizada entre otras circunstancias, por la unificación de profesores y estudiantes de todo el país...”42.
Como si no bastara con lo anterior, el Ministro terminó por agrietar sus relaciones con la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y la universidad privada, acusando a la segunda de tener el predominio del sistema educativo a través de la primera y del Fondo Universitario Nacional, lo que desató la respectiva declaración de rechazo43.
También se produjeron varias renuncias que evidenciaron, aún más, el aislamiento del gobierno y de los rectores “policías”. La iglesia se retiró de los consejos superiores universitarios de las universidades estatales y en su declaración la Conferencia Episcopal registra las características de la situación al señalar: “...la juventud se manifiesta con una gran fuerza nueva de presión que la lleva a ser factor decisivo en el actual proceso de cambio social y no sólo, como siempre se ha dicho, imagen o esperanza de la patria del mañana” y agregó “...los jóvenes, quienes constituyen el grupo más numeroso de la población antes se encontraban dispersos en las diversas instituciones dirigidas por los adultos pero hoy se están convirtiendo en un nuevo cuerpo social portador de sus propias ideas y valores y de su propio dinamismo interno”44. El retiro de la iglesia, se sumó al de las academias que de hecho no habían vuelto, con lo que los antiguos consejos superiores se vinieron abajo.
No menos importantes fueron la renuncia del Director del ICFES, aunque argumentando su designación en otro cargo 45 y hasta la del Secretario General de la U. Nacional, expresando claras “desavenencias con el rector”46.
La detención y condena de Marcelo Torres a 6 meses de cárcel terminó por caldear aún más los ánimos. Las asambleas de estudiantes incluyeron su liberación como requisito para levantar el paro mientras que en la plenaria del Senado de la República los parlamentarios de la oposición propusieron la citación del Procurador General de la Nación, el día 20 de octubre para que “...informara sobre el expediente a través del cual se decretó el arresto...” a la vez que se redactó una moción condenando el hecho. Pese a que faltaron 2 senadores para establecer el quórum, el debate fue agudo y sonoro políticamente47.
Es decir, lejos de apagarse el movimiento aumentaba en su noveno mes. Además, el gobierno tenía conflicto con otros sectores sociales y un rabo de paja enorme por su origen fraudulento48. En la última semana de septiembre surgió en el gobierno la idea de transar con el estudiantado a través de una Comisión de Notables de los círculos académicos. Más de 20 días después de intrincadas negociaciones entre los representantes gubernamentales y los de los estudiantes se produjo el acuerdo49. El 23 de octubre fue expedido el decreto oficial 2070, que constituía el nuevo gobierno universitario50.
Las elecciones de los representantes estudiantiles se realizaron a mediados de noviembre. A finales de 1971 los estudiantes de la Universidad de Antioquia arrancaron al gobierno un acuerdo similar al de la Nacional.
El cogobierno obtenido en las dos principales universidades colombianas tuvo una corta duración. Instalado, el primero, el 26 de noviembre de 1971 y, el segundo, en enero de 1972, fueron declarados ilegales y disueltos a fines de mayo 1972, mediante decretos 856 y 886. Con ellos se restauró la vigencia del decreto 1259, que restituyó a los rectores autocráticos, suspendió la participación de estudiantes y profesores en los consejos superiores y restableció la asistencia del Ministro de Educación.
La caída del cogobierno obedeció fundamentalmente a dos tipos de razones. La primera, el permanente sabotaje desde el gobierno, la asfixia presupuestal ejercida desde el Ministerio de Hacienda51 y la permanente provocación de la fuerza pública52. La segunda fue de orden interno, es decir, la prolongación del debate ideológico, que cual se expresó en la contradicción entre representaciones estudiantiles al cogobierno con las agrupaciones que no estuvieron de acuerdo con esta reivindicación. Tal circunstancia impidió, como es obvio, garantizar las condiciones tácticas óptimas para defender una conquista de tal magnitud, especialmente la reconstrucción de la organización nacional estudiantil. Incluso, una vez disueltos los Consejos Provisionales Universitarios, tampoco fue unificada la consigna. Mientras quienes lo ejercieron llamaron a su reconquista53, los que estuvieron en desacuerdo plantearon que en adelante “...las masas estudiantiles deben elegir sus genuinos representantes a los organismos de dirección, pero ya no como miembros con carácter de votantes como factor determinante sino con el carácter de fiscalizadores y voceros de las reivindicaciones estudiantiles”54.
En su corta existencia, el cogobierno de la Universidad Nacional elaboró un presupuesto de 630 millones, que se consideraba acorde con las necesidades de la institución, aunque posteriormente el nuevo rector lo dejó en 280; suspendió el pago de la deuda y los contratos con el BID y demás organismos internacionales; detuvo la aplicación del Plan Atcon, base de una reforma universitaria retrógrada, y exigió la participación democrática en la elaboración de la reforma universitaria; reintegró los estudiantes y profesores detenidos y se pronunció contra la ocupación; y amplió la cobertura estudiantil y aumentó el presupuesto para bienestar. Debido a la brevedad en su duración, las reformas curriculares no se alcanzaron a desarrollar, aunque se crearon institucionalmente los espacios, a la vez que se adelantó la discusión sobre los criterios para las líneas de investigación, se legisló sobre las comisiones de estudio para que estas fueran por selección y también se desarrollaron elementos sobre las asignaturas prácticas y teóricas55.
Algunas de las conclusiones que se desprenden del Movimiento Estudiantil de 1971 y de la universidad en su conjunto, tienen plena vigencia hoy en día.
La primera, dada la materia de su actividad que es el conocimiento, la cultura y la ciencia, la universidad es la institución más vulnerable, menos controlable por el poder político dominante o, dicho de otra forma, puede ser transformada. De hecho, en todos los grandes movimientos revolucionarios, especialmente en la historia moderna, encontramos que siempre se hallaron precedidos de una gran transformación de la cultura y que las universidades jugaron un allí un papel de primer orden. Cualquiera que examine el período de la independencia nacional de España puede corroborar esta afirmación acerca de la gran transformación cultural que se reflejó en los centros educativos de carácter confesional como eran las universidades en la época de la colonia. El instrumento o la reivindicación en la cual se concreta la posibilidad de esta transformación es el cogobierno y eso fue lo que se hizo y fue el logro más importante de este Movimiento.
La segunda, lección que se desprende de la experiencia es que las conquistas en la universidad, como en la sociedad, dependen del grado de conciencia y de organización de los interesados en defenderla. Si no hay conciencia, si no hay organización, es decir, si no hay suficiente fuerza para preservar las instituciones valiosas para los intereses de los estamentos, mejor aún a los intereses de la nación, estas conquistas pueden ser anuladas fácilmente. Eso fue lo que sucedió con el cogobierno que no duró sino unos meses tanto en la Universidad Nacional como en la Universidad de Antioquia, dado que no existió la claridad suficiente en el conjunto de las agrupaciones políticas de la época de la importancia de ese instrumento, ni había organización. Los estudiantes colombianos no se han podido recuperar desde hace más de tres décadas de una dolencia, como lo es la ausencia de una organización nacional, sin la cual ningún sector social pueda actuar con eficacia en el terreno de las confrontaciones políticas.
Podemos decir que en la universidad de hoy tienen plena vigencia los objetivos del Movimiento de 1971. Asunto primordial de este fue el de garantizar un presupuesto estatal y adecuado para las universidades públicas, aspecto fundamental hoy cuando el proceso de privatización que se ha desarrollado a lo largo de esta década y que ha llevado prácticamente a la educación pública en general y la educación pública universitaria en particular, a una crisis sin precedentes. La democracia es otra de las reivindicaciones plenamente vigentes en nuestros días. Asimismo la vieja lucha por transformar los contenidos de la enseñanza, es decir, por elevar su nivel científico, por sacar la academia de nuestras universidades de la condición de un país subdesarrollado, que es la reivindicación más importante de la universidad de nuestros países, la de lograr que el nivel científico de lo que aquí se enseña sea por lo menos igual a las de las naciones más desarrolladas del planeta.
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